- La configuración cooptada y la captura del Estado por parte de empresas políticas y testaferros del narcotráfico
La crisis de legitimidad territorial del Estado agudizada desde finales del siglo XX ha facilitado la cooptación de las instituciones por parte del narcotráfico, las mafias mineras y las empresas políticas de saqueo del erario público (caso del clan Aguilar[1]). Estas organizaciones con alto poder militar y económico[2] han hecho del paramilitarismo el referente de poder dentro del sistema institucional (el ejecutivo, la rama judicial y el legislativo), al tiempo que contratistas privados corruptos sustraen los recursos de inversión y transferencias intergubernamentales en proyectos y actividades, rezagándose las obras. En el caso de la distribución y aplicación de regalías, así como la distribución y orientación de las concesiones viales u otras, como el canal del dique, el Parque Panachi o el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el saqueo de recursos llega a representar hasta el 40 % de los montos estimados y destinados (podría llegar al 20 % del presupuesto nacional), por estas prácticas corruptas entre actores privados, políticos y funcionarios.
De otra parte, como se indicó en el número anterior (Encuentros, núm. 24), a los conflictos territoriales de poder, se añade que la subutilización y conflictos de uso de suelos en el departamento constituyen parte del desordenamiento territorial y la persistencia de un patrón tecnológico de utilización insostenible del territorio. Como consecuencia, se perpetuaron las asimetrías socioterritoriales entre el corredor andino y la llanura aluvial del Magdalena Medio, que no se compadecen con la potencial riqueza inmersa en la biodiversidad de estas dos unidades biogeográficas y, por el contrario, revictimizan cada vez más al 65 % de los pobres rurales y urbanos.
Parte de las causas de este panorama es atribuible al centralismo estatal que se trató de corregir con la Constitución de 1991, pero que tomó la dirección contraria, para “legitimar” la configuración cooptada del Estado para una cartografía de la corrupción política que se confunde en el entramado territorial de poder del departamento[3].
-
Tensiones centralistas-autonomía regional
Al respecto, tanto las políticas macroeconómicas como las políticas sectoriales han despojado a las regiones de la necesaria autonomía, por ejemplo, para la generación de rentas que contrarresten las externalidades ecológicas y ambientales originadas por proyectos de influencia regional o nacional como hidroeléctricas, vías 4G, entre otras, ante la inoperancia de las autoridades territoriales, nacionales y regionales en el sistema nacional de planificación y el sistema nacional de gestión ambiental (SINA).
En este sentido, la presencia del Estado central a través de los distintos ministerios e institutos y programas (descentralizados), que, para departamentos como Santander, y los otros, constituye un entramado de programas y proyectos totalmente desconectados de las especificidades territoriales (ecológicas, culturales, sociales), como sucede con el PAE, que nada tiene que ver con la oferta agroecológica de alimentos de los territorios. Así mismo los programas y políticas de los ministerios de agricultura, vivienda, que “nada que ver”.
En este sentido, pese al bien orientado espíritu de leyes orgánicas de ordenamiento territorial (Ley 1454/2011, Ley 1962/2019 y Ley 1625/2013) que constituyen un marco institucional de orientación ordenadora y descentralizadora regionalizada del Estado, su implementación ha sido infortunadamente limitada y en muchos casos nefasta, puesto que lejos de superar la colisión de competencias, activa tensiones entre soberanía nacional y territorial, esta última, en términos biogeográficos de hábitat-producción, y de soberanía nacional en términos de seguridad (nacional). Ello se traduce en fricciones y conflictos territoriales de poder, lo que hace problemática tanto la presencia como la ausencia del Estado.
Como consecuencia de lo anterior, en el departamento prevalece de una profusa dispersión de costosas unidades de gestión desarticuladas con yuxtaposición de funciones y duplicación de recursos y esfuerzos, incrementando de manera importante los costos de transacción y reduciendo los las posibilidades de desarrollo, lo que atisba la desintegración territorial y reduce posibilidades de un proyecto regional de desarrollo basado en las pretensiones de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) y más allá de las conexiones resultantes de los proyectos viales. Éstos, más que un medio para alcanzar metas territoriales regionales de desarrollo, se convierten en un fin rentístico de quienes han cooptado al Estado a través de las concesiones PP.
-
Reproducción de crisis ecológica y ambiental: limitantes de la transición energética y a la sostenibilidad
Para una transición sostenible del territorio santandereano habrá necesidad de superar la visión tradicional como región, adosada a la política pública de desarrollo sectorial que termina no sólo anulando la sinergia espacial/territorial multiescalar y convierte el dialogo nación-región en sólo retorica; sino que también alimenta la resistencia y deslegitimación territorial de las políticas y del Estado, como ocurre con el Magdalena Medio, el Catatumbo, el bajo Cauca, el Pacifico suroccidental y Vaupés-Vichada. Al mismo tiempo, esta visión restringe las sinergias espaciales y territoriales entre la empresa privada y el estado (departamento, municipio o AMB), puesto que las externalidades ambientales de la estructura industria-manufacturera, agroindustrial y de distribución siguen considerándose como un problema público de la sociedad y del Estado. Esta es una separación deliberada propia de la economía de “libre mercado” a ultranza, que para el caso de Santander es patético en el paralelismo de gremios empresariales y gobiernos municipales o departamental.
Los enfoques ambientales siguen siendo quiméricos, mucho más lo agroecológico alimentado por la avaricia y la codicia de pobres y ricos. Se pierde conciencia de que una población humana en rápida expansión y asociada al consumo masivo (bienes y servicios) ejerce una compulsiva presión sobre los servicios ecosistémicos, bienes naturales y biodiversidad. En este sentido, según Andrés Etter: “durante el siglo pasado, la superficie de tierras agrícolas se ha duplicado en todo el mundo (Houghton, 1994). Desde 1960, mientras que la tasa de expansión de las tierras de cultivo sólo ha aumentado un 10 %, la producción de alimentos se ha duplicado como resultado del aumento de la productividad agrícola debido a la intensificación de la producción y la expansión de la agricultura de riego. De hecho, la superficie de tierras agrícolas per cápita se ha reducido a la mitad durante el siglo XX, de alrededor de 0.75 ha/persona en 1900 a 0.35 ha/persona en 1990 (Ramankutty et al., 2002). Estos promedios globales, sin embargo, enmascaran la colonización activa y procesos de deforestación en países del sudeste asiático (p. ej., Indonesia), África tropical (p. ej., Camerún), América Latina (por ejemplo, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia) (Achard et al., 2002; Lepers et al., 2005), e incluso del norte Australia (McAlpine et al., 2002). En Colombia, por ejemplo, bosques tropicales, especialmente en el Pacífico y las tierras bajas del Amazonas, continúan siendo desbrozados (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2008)” [4]. Para Santander es grave el estado de deforestación y las tasas a las que aumenta la tala de bosques.
El actual y recién iniciado periodo de transición a un modelo sostenible de desarrollo nacional, empieza por poner en cuestión el modelo extractivo de producción, responsable de la disminución de la oferta hídrica debido a la deforestación, la contaminación por los vertimientos del sistema urbano andino y valles interandinos, producción de gases de efecto invernadero (GEI), así como la extinción de la biodiversidad, principal punto de quiebre de la soberanía alimentaria territorial-regional, como rasgos centrales de la crisis.
Como se mencionó en la primera entrega, estos factores han contribuido a una reducción considerable de la frontera ecológica de posibilidades de producción agropecuaria y, consecuentemente, la disminución de la oferta alimentaria en favor de la importación indiscriminada de productos agrícolas que terminaron desestimulado la producción regional y generando una preocupante dependencia externa en esta materia[5].
Desde el nivel central, la política petrolera-minera ha derivado en una compleja conflictividad y resistencia de comunidades del Magdalena Medio a las decisiones sobre fracking, al mismo tiempo ha develado la crisis social de vastos sectores de economía campesina empobrecidos por el libre mercado sin protección del Estado, como el caso de la agricultura familiar de la zona andina, el de los mineros artesanales de Soto Norte, de carbón en Landázuri y el Cerrito.
En este contexto, la sociedad interpela al Estado por la legitimidad de la regulación espacial y territorial, encontrándose que las respuestas en algunos casos agudizan las tensiones centro-periferia y centralización-descentralización, como lo expresan las movilizaciones campesinas, indígenas y de movimientos urbanos que ponen en cuestión las políticas públicas en los niveles nacional, regional y municipal, y profundizando las asimetrías o desigualdades socioespaciales.
Para Santander es grave el estado de deforestación y las tasas a las que aumenta la tala de bosques.
-
La debilidad de las élites regionales para asumir el reto de la transición a un modelo de desarrollo
La fase de transición a un modelo de desarrollo recientemente instaurado, requiere el revestimiento e impermeabilización del régimen político: es pasar de la cleptocracia a la democracia real. Esto no es precisamente para lo que está preparada la elite tradicional santandereana, adosada a franquicias políticas electorales que cooptaron la administración pública hasta convertirla en administración de negocios privados.
Es conocido que desde los años noventa el paramilitarismo y el narcotráfico permearon todos los estamentos políticos y algunos sectores económicos rurales, por lo que la calidad del crecimiento económico reportado publicitariamente en las últimas décadas ha de ser explicado por el sector privado, a pesar de la clase política “sub judice”. La economía popular (o informal), la pequeña y la mediana empresa y las pocas grandes empresas se han constituido en el baluarte económico del desarrollo regional y germen del liderazgo de nuevas generaciones para pensar en una región en tránsito al desarrollo sostenible. Este germen tiene el particular rasgo de adivinación de un cambio tecnológico ligado a la agregación de valor por parte de los productores campesinos desde el sector rural, con lo que ha dado en llamarse “producción artesanal” con “marcas de origen” con el cacao, café, frutas, acompañado de emprendimientos de agro-ecoturismo.
Junto con la industria manufacturera, este sería el potencial más cercano a un cambio de visión que aprovecha la vocación histórico cultural de liderazgo del Santander del siglo XIX y comienzos del XX para transitar a una nueva manera de producir. De esta manera, acompañado del potencial agropecuario que se señaló en el anterior número de esta revista, Santander estaría en condiciones de abastecer los mercados locales y de Venezuela en los próximos tres años, con un nuevo liderazgo político, sociocultural.
referencia
[1] Robledo, Pablo Felipe. Columnas en El Espectador (13 de octubre de 2021) y El Tiempo (11 de agosto de 2022).
[2] Revista Cambio-Pares (13 de marzo de 2022).
[3] En Santander, por ejemplo, se ha vinculado a 268 alcaldes y exalcaldes con hechos corruptos. Adicionalmente, 115 servidores públicos de diversas entidades también han sido judicializados: 27 particulares, 20 secretarios de alcaldías y gobernación, 11 directores, 9 tesoreros y asesores, 8 gerentes, 6 integrantes de la fuerza pública, 2 concejales, 1 juez y 1 fiscal. “En este momento, 240 procesados están en etapa de juicio”, acorde a lo expresado por la Fiscalía en un comunicado.
[4] Etter, Andrés; y McAlpine, Clive; Wilson, Kerrie; Phinn, Stuart; Possingham, Hugh (2006). Regional patterns of agricultural land use and deforestation in Colombia. Agriculture, Ecosystems & Environment, 114(2-4), pp. 369-386. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.11.013; citando a otras investigaciones dentro de la investigación. Traducción del inglés por el autor del artículo (T. del A.).
[5] El caso del maíz, el arroz, el trigo: 3 600 000 tn (70 % del total de las importaciones), así como hortalizas conservadas, leche, aceite de soya y cebada. En total, según la FAO, Colombia en el 2021 importó 12 000 000 tn. El departamento exportó 35 146 tn de carne bovina por USD 148.6 millones (consumo 17 Kg/persona; consumo de pollo: 32.42 Kg/persona; de cerdo: 9.4 Kg/persona; pero en 2020 importó 6 682 tn de carne bovina, 76 000 tn de pollo y 69 000 tn de cerdo.
