Santander-región hacia la transición democrática sostenible del desarrollo: Colombia, potencia mundial de la vida 2023-2026 (parte 1)

1. Contexto

 

1.1. Una mirada al mundo

 

¿Llegamos a la inflexión de la globalización y el modelo de crecimiento económico flexible y desequilibrado?, o nuevos modelos de desarrollo endógeno. La crisis de la globalización basada en el libre mercado, según algunos economistas, ha evidenciado desde 2020 la pérdida de coherencia de los supuestos de crecimiento con flexibilidad e interdependencia, al tiempo que la crisis postpandemia de las cadenas de suministro intercontinentales-internacionales pusieron en cuestión “el libre mercado” asociado a los supuestos de rendimientos crecientes a escala, en presencia “inevitable” de desequilibrios espaciales (Krugman, 2011). Hoy las potencias industriales y militares (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China) se encaminan a la reducción espacial de las cadenas de suministro y sustitución de la línea de ensamblaje por la llamada “nueva sustitución de importaciones”, que coloca el desarrollo endógeno en el foco estratégico del desarrollo económico multipolar.

 

La disputa bélica de Estados Unidos por el control económico de Ucrania terminó con una profunda fractura entre Occidente y el este de Europa (Rusia), configurándose un nuevo orden mundial con el auge de un fuerte competidor a EE. UU.-UE-Japón, se trata los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que representan el 43 % de la población mundial y el 25 % del PIB global, y el liderazgo de China (2ª economía y potencia militar)[1], lo que consolida las relaciones Sur-Sur como tendencia fundamental.

 

Por lo ocurrido en los últimos diez años con el comercio China-América Latina y el Caribe, asociado a la industrialización china, se induce un proceso de re-primarización de la economía latinoamericana y caribeña con exportaciones de materias primas y alimentos e importaciones de bienes manufacturados chinos. Ante este panorama, la agregación de valor se da en las regiones, incluyendo alimentos artesanalmente manufacturados con marca de origen y agroindustria para autoabastecimiento local y excedentes de exportación.

 

1.2. Santander, parte de la región nororiental latinoamericana

 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia, potencia de la vida” 2023-2026 (PND 2023-2026) propone el desafío de retomar las autonomías regionales considerando la potencialidad del desarrollo endógeno, que encierra la diversidad bioterritorial del departamento, junto a su posición geoestratégica, entre los puertos del Caribe y del Pacifico para responder a los retos y oportunidades de la crisis actual en trance de recomposición geopolítica mundial.

 

Mapa 1. Localización geoestratégica de Santander (v. 1).

 

Se requiere un enfoque territorial del desarrollo para leer los desequilibrios como complementariedad e integración a partir de la asociatividad (LOOT-Ley 1454/2011, Ley 1962/2019 de RAP) que consolide la democracia participativa en el proyecto político reciente. Implica un enfoque metodológico que con rigor y pragmatismo amplíe la participación y el debate social alrededor de ejes estratégicos territoriales como factor de sinergias nación-región.

Mapa 2. Localización geoestratégica de Santander (v. 2)

 

En este sentido, la integración territorial va más allá de la frontera colombo-venezolana a través del corredor Caracas-San Cristóbal-ÁM Cúcuta-ÁM Bucaramanga y se abre al Valle de Aburrá, el distrito portuario de Buenaventura, el distrito portuario de Barranquilla y la ÁM Bogotá, los cuales configuran el sistema urbano más dinámico de Suramérica, base para una integración Sur-Sur en esta era de recomposición del nuevo orden mundial, con Santander en el centro (mapas 1, 2).

 

Los sistemas territoriales de producción petrolera ubicados en Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Arauca, Arauquita, Tibú; de palma de aceite del valle del Magdalena y del Zulia; de ganadería en el Magdalena Medio, Llanos de Arauca y minería aurífera en el sur de Bolívar y Santander, con los que se perfila una gran región de planificación, activando el Diamante Santander-Caribe, con oleoductos transandinos que llevan crudos a la planta petroquímica de Barrancabermeja-Cartagena y aportan más del 35 % del PIB nacional.

 

 

2. Transición al desarrollo sostenible

La visión tradicional de los planes de desarrollo y políticas nacionales se ilustran en la gráfica 1, basada en el aumento de presiones ecológicas extractivistas “per se”, por el sector agropecuario e industrial y el turismo, los cuales desvalorizan y reducen la Frontera Ecológica de Posibilidades de Producción (FEPP) a corto y largo plazo: expulsión o migración forzada de población campesina y amenaza a la seguridad/ soberanía alimentaria.

2.1. Composición del Producto, Distribución del Ingreso y Frontera Ecológica de Posibilidades de Producción (FEPP) como categorías de la economía política del desarrollo sostenible

 

Ampliación de la FEPP como política de sostenibilidad del crecimiento económico, desde la industria manufacturera localizada en el Área Metropolitana de Bucaramanga (ÁMB), San Gil y la petroquímica en Barrancabermeja, reorientada hacia la conservación y uso sostenible de la y los servicios ecosistémicos, asegurando bienestar material a las generaciones venideras.

 

Para ello se considera que todos los problemas del desarrollo regional se enmarcan en tres categorías fundamentales: la Frontera Ecológica de Posibilidades de Producción (FEPP); la Composición del Producto (PIB) y la Distribución del Ingreso (Y), que configuran un enfoque interpretativo en dirección de objetivos de sostenibilidad.

 

Gráfica 1. FEPP-PIB-Y.

El enfoque (gráfica 1) visualiza el rasgo extractivista actual, el cual expresa que un incremento en una unidad de PIB (crecimiento económico) puede implicar la reducción, en la misma unidad, de la Frontera Ecológica de Posibilidades de Producción (FEPP), al tiempo que contamina la base natural (suelos y aguas) y la atmosfera, los cuales se consideran externalidades negativas, a cargo de la sociedad y el Estado. Con esta lógica, el balance arrojará siempre resultados negativos (insostenibilidad, inviabilidad ecológico-social), es decir, cuando la Tasa de Extracción (T_e) es mayor que la Tasa de Regeneración natural (T_Rn/ T_e > T_Rn). Hacer lo contrario, revierte la dirección de esquema internalizando las externalidades por parte de los productores urbanos y rurales de bienes y servicios, los distribuidores, los consumidores y sociedad, en general, con la intervención del Estado a través de políticas y estrategias de estímulo y subsidios a la producción limpia con transición progresiva y voluntaria a energías renovables.

 

Al respecto, la estrategia de transición energética pasa por reducir la presión sobre la biodiversidad (en términos de biomasa y especies), de servicios ecosistémicos hídricos, edáficos y eólicos, lo que implica un cambio cultural de largo plazo que empieza modificando el patrón tecnológico convencional de producción de alimentos en modo agro-ecológico. Con ello se apunta a conseguir tres objetivos: a) en primer lugar, autonomía y soberanía territorial alimentaria, mejorando así la calidad de vida rural-urbana al llevar las tasas de extracción por debajo de las tasas de regeneración natural (T_e > T_Rn) con agroecología (en los sistemas territoriales de producción); b) en segundo lugar, disminución de la vulnerabilidad territorial y capacidad de adaptación al cambio climático global, conservando ecosistemas y cobertura vegetal de fuentes hídricas y biodiversidad, y c) en tercer lugar, contribuir efectivamente a la transición energética desde producción limpia, quitándole el peso exclusivo a los combustibles fósiles (petróleo y carbón).

 

Implica considerar las singularidades territoriales como referente identitario de diversidad cultural regional y diálogo de saberes entre comunidades (indígenas, afrodescendientes y campesinas) y comunidades urbanas localizadas, concentradas y dispersas, en función de la disponibilidad, abundancia y/o distribución de bienes naturales. Estas singularidades permiten a las comunidades rurales y urbanas reconocer las FEPP para una adaptación exitosa a las dinámicas climáticas locales y globales, pero dependerán del conocimiento (diálogo de saberes) de las potencialidades y limitantes biótico en los territorios.

 

 

2.2. Sistemas Territoriales de Producción (STP) como unidades regionales de gestión de la seguridad alimentaria

 

Al analizar el desarrollo como procesos de transformación del paisaje, desde extracción, producción, distribución y consumo, la evaluación y planeación basada en los STP implica considerar unidades agroecológicas territorialmente distribuidas rebasando los limites político administrativos (veredas, municipios, departamentos). De este modo, se estructuran unidades espaciales y territoriales urbanas y rurales de gestión a través asociaciones de productores y consumidores cuyos alcances obedecen a la lógica ecosistémica y las FEPP asimilable a zonas geoeconómicas. De allí pueden embocarse planes y programas de desarrollo rural y producción agropecuaria territorializados integrados a mercados del sistema urbano regional.

 

Estos STP dispersos, deben ser integrados en cadenas de valor hasta la producción industrial y agroindustrial, cuidando de mantener la FEPP y reducir las externalidades que tienen un fuerte impacto negativo en la población, debido a emisiones y vertimientos. Al respecto, los STP se articulan a objetivos de seguridad alimentaria aprovechando la biodiversidad y vocaciones culturales productivas (identidades culturales dispersas) de acuerdo a los pisos términos:

 

• Entre los 1800 msnm y los 3000 msnm, los STP del corredor alto andino de cultivos transitorios y productos de cebolla, papa y permanentes de frutales (durazno, tomate de árbol, fresa y mora) en los municipios de García Rovira, Bolívar y Berlín. Así mismo la producción piscícola (trucha) y ganadería vacuna de leche y ovina lanar.
• Entre 800 msnm y 1800 msnm, los STP del corredor de ladera andina con cultivos transitorios de frijol, maíz, yuca, ahuyama y cultivos permanentes de cacao, café, cítricos, banano, viñedos.
• Entre 100 msnm y 600 msnm, los STP del valle del Magdalena Medio con actividad piscícola de los ríos Magdalena, Sogamoso, Lebrija y Ciénagas; los cultivos transitorios de arroz y yuca y los cultivos permanentes de palma de aceite, coco, plátano y la actividad ganadera de vacunos.
• Entre 100 msnm y 4.500 msnm, los STP de servicios ecosistémicos hídricos, biodiversidad para el ecoturismo.

 

Estos STP, junto con un sistema urbano industrial manufacturero de producción de alimentos (cuadro 1), con los sectores avícola, aceites y alimentos procesados (conservas, bocadillo, miel de abejas, panela, chocolate y café artesanales de origen), constituyen un baluarte de la disminución del hambre y la desnutrición en las principales en amplios sectores de población de aglomeraciones urbanas, principalmente para alimentación de niños con los planes de alimentación escolar (PAE).

 

 

 

Cuadro 1. Estructura de la producción manufacturada de alimentos en Santander, 2022

 

Gráfica 2. Estructura industrial manufacturera de Santander. Fuente: DANE-DIAN (16 de mayo de 2022).

 

La formulación y consecución de estos objetivos implica orientar alianzas Estado-sector privado, fortaleciendo la planificación-programación de la producción agropecuaria en función de los mercados locales (consumo directo de productos frescos y materias primas industriales) y la demanda externa. El papel de la inversión pública productiva principalmente se orienta a la infraestructura vial multimodal rural-urbana y conexión a puertos del Caribe (Barranquilla-Puerto Colombia) y el corredor fronterizo colombo-venezolano Bucaramanga-Mérida-Golfo de Maracaibo.

 

2.3. Sostenibilidad financiera: un desafío Estado-sistema empresarial

 

Los planes departamentales de desarrollo tienen límites financieros que desafían la capacidad de gestión y las restricciones del régimen centralista, que financieramente procede de dos fuentes: 48.8 % de transferencias del gobierno central y 51 %, aproximadamente, de fuentes locales. En este caso, la gestión apunta a revisar las posibilidades presupuestales redistributivas, reorientando la participación de rentas petroleras a través de Sistema General de Regalías (SGR), dados los pasivos ambientales de la industria petrolera con la región, particularmente el Magdalena Medio, que aporta el 65 % del PIB departamental (cuadro 1).

 

Al respecto, la intersección de políticas macroeconómicas y regionales de desarrollo pueden potenciar fuentes de financiamiento internacional, nacional y regional para infraestructura productiva, como la vía férrea Bucaramanga-Barrancabermeja, vías secundarias y terciarias. Este marco de la gestión sitúa la inestabilidad de precios petroleros, la inestabilidad cambiaria y los ajustes inflacionarios vía tasas de interés como factores de riesgo de toda estrategia de financiación del desarrollo (“marco fiscal de mediano plazo”[2]), que reduce las transferencias del sector central al departamento, como ocurrió en 2020-2021, que disminuyeron en un 26 %.

 

Esto pudo haber rezagado la inversión en infraestructura social (salud, saneamiento básico y educación) e infraestructura productiva de vías terciarias-secundarias por 18 200 kilómetros, que demandan una inversión aproximada de COP 40 000 millones, aproximadamente. No tuvo igual suerte la generosa financiación de las concesiones Publico Privadas (PP) para vías primarias[3] o, como el caso Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, con una inversión de COP 2.5 billones con sobrecostos de más del 30 %, desatendiendo la interconexión interregional-nacional Bucaramanga-Cúcuta para integrar la frontera colombo-venezolana o la rehabilitación de la vía férrea Bucaramanga-Barrancabermeja con un costo estimado en la tercera parte de la malograda “ruta del cacao” y con impacto positivo de mayor integración territorial, activando dos corredores fluviales de pesca y ecoturismo.

 

Significa que los desafíos de los planes de desarrollo están atravesados por fuertes presiones externas sin control, alimentando la incertidumbre financiera y configurando un escenario de volatilidad inusual de indicadores tributario-fiscales, inflación, dólar (Tasa Representativa del Mercado, TRM) y una balanza comercial nacional (con ingresos corrientes a la baja). Estos factores, conjugados con la lentificación y parálisis de las cadenas de suministro para concentrados de producción agroindustrial avícola, piscícola, porcina, vacuna y caprina del departamento, responsables del contenido proteínico de la dieta nutricional, presionarán incrementos de precios a lo largo de la cadena, en más del 30 %, onerosos para la canasta familiar básica del grueso de la población.

 

3. Desequilibrio socio-territorial y transición demográfica: injusticia espacial en el sistema urbano-regional

 

3.1. Promoción-fortalecimiento de asociaciones territoriales (Núcleos de Desarrollo Provincial, NDP) en el marco de las normativas

 

Las dinámicas sociodemográficas asociadas a las inmigraciones provenientes de Venezuela y los saldos de desplazamiento forzado provocados por el conflicto armado interno en los últimos veinte años, han empujado las dinámicas urbanización, concentrada principalmente en el Área Metropolitana de Bucaramanga y ciudades intermedias como Barrancabermeja y San Gil. Este proceso es responsable de una fuerte presión sobre la oferta de servicios ecosistémicos y bienes de la unidad biogeográfica Santurbán, donde se localiza la principal zona de recarga hídrica conocida como Cuenca Alta del río Lebrija (CARL) y el emblemático patrimonio natural del páramo de Santurbán, fuente del agua para consumo de 2.1 millones habitantes.

 

Acompañando estas presiones está la macro-aglomeración económica metropolitana, que como un agujero engulle energía y gente, haciéndose cada vez más insostenible. En efecto, la precarización de la vida urbana sitúa la persistencia de entre 159 853 y 290 402 personas por debajo de los indicadores de pobreza monetaria en 236 asentamientos humanos precarios en el ÁMB[4]. Situación similar se presenta en Barrancabermeja, con 18 564 viviendas precarias (13 032 de tipo semi-consolidadas y 3130 en zonas de alto riesgo).

 

La regionalización/territorialización no sólo es una medida de eficiencia económica en cuanto acorta las cadenas de suministro hasta el consumo directo (final) e indirecto (industria manufacturera), sino que crea condiciones para un desarrollo socio-territorialmente equilibrado, autosuficiente con soberanía alimentaria como referentes de la equidad social, al tiempo que conduciría a sustituir hasta el 50 % de las importaciones agrícolas (cuadros 3 y 4), que en 2021 llegaron a USD 318 402, como sucede a nivel nacional, incidiendo directamente en alza de precios por los costos implicados en las cadenas de suministro (regionales, nacionales e internacionales), un factor contribuyente en la formación de precios altos al productor y consumidor.

 

Al respecto, el enfoque territorial de la planificación potencia intercambios energéticos (biomasa) de los sistemas territoriales hidráulico del río y el complejo cenaguero como fuente proteínica piscícola y ganadera con la rivera aluvial del Magdalena Medio con productos alimentarios de la ecorregión andina, la cual se conecta con el corredor de transporte multimodal ferroviario, fluvial y carreteable Bucaramanga-Barrancabermeja-Puerto Colombia, integrando a Ecopetrol como parte de un sistema territorial, más que una empresa.

 

 

Gráfica 3. Importaciones del departamento de Santander. Fuente: DANE, 2022.

 

 

 

 

Cuadro 3. Importaciones de Santander, 2021.

 

4. Desarrollo socioecológico viable y económicamente sostenible

 

Recientemente gremios empresariales hicieron públicas iniciativas a tener un lugar en el PND 2023-2026 “desde las regiones, para una Colombia potencia de la vida”, lo que, de alguna manera, se ha hecho en los últimos gobiernos considerando un país geo-ecológico y culturalmente diverso. Sin embargo, para el proyecto político en ciernes se requiere activar el potencial ecológico-energético de factores productivos asociados tanto a servicios ecosistémicos y bienes naturales, como a la potencia cultural multidiversa de vocaciones productivas.

 

En este sentido, se apunta a revertir el patrón histórico de gestión territorial del desarrollo regional santandereano, basado en la noción reduccionista de territorio como simple “elemento físico donde se asienta la población”[5] y espacio físico de ejercicio del poder estatal (DNP, 2000, 2009), que acompañó el modelo extractivista de producción responsable de la desestabilización y reducción de la Frontera Ecológica de Posibilidades de Producción (FEPP) de ecosistemas andinos y valles interandinos (desde los humedales del Magdalena, serranías, bosques secos hasta los páramos) (mapa 2). Esto ha llevado a la extracción de la biodiversidad a tasas por encima de la capacidad de regeneración natural (T_e > T_Rn), lo que se ha traducido en tala de más de 550 000 has aproximadas de bosques en los últimos cincuenta años[6], aumentando el pasivo ambiental.

 

Mapa 3. Unidades de paisaje del departamento de Santander. Fuente: Gobernación de Santander, USTABUCA.

 

Al respecto, las autoridades (Gobernación, Alcaldías, CDMB y el SNA) desconocieron el objetivo de la Constitución Política de 1991 (Artículo 286), que pactó “una república unitaria, descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales” y los alcances de las LOOT (Ley 1454/2011, Ley 1962/2019 de RAP: ordenamiento de las regiones), por lo que la situación actual es resultado de la visión subordinada al inveterado centralismo. Allí, en buena parte, residen las causas de injusticia espacial (socioespaciales) que perpetúa los desequilibrios socioterritoriales, la segregación y limitación de la democracia participativa que implica autonomía territorial en la agregación de valor (Garay, Espitia, 2020), disminuyendo distancia-costos de las cadenas de suministro y gestión de preventiva comunitaria de riesgos catastróficos, que recurrentemente se atribuyen al “cambio climático”, con lo que se encubre la responsabilidad política, justificando sobrecostos de atención  dirigidos a remediar infructuosamente el daño ambiental que se repite en cada estación de climático se lluvias o sequias, debido la corrupción público-privada (CPP).

 

Esto pone en evidencia los conflictos territoriales de poder que acompañan los ejercicios de EOT_s y POT_s legitimados desde las CAR_s, las gobernaciones y las administraciones locales cooptadas por negociantes y empresarios; si no mírese cómo la familia Aguilar, desde la gobernación, alcaldías y CAR_s, ha sustraído 192 509 has de “Áreas Protegidas” en los últimos veinte años en favor de rentas privadas (PARES, Ávila, 2021), lo que constituye un pasivo socio-ecológico en bosques (seco, andino y húmedo tropical y humedales; ver mapa 3), quedando solo 807 491 has catalogadas como “áreas de protección” amenazadas por la expansión urbana y las obras de infraestructura vial[7].

 

 

Mapa 4. Áreas protegidas del departamento de Santander. Fuente: Gobernación de Santander, USTABUCA.

 

La reversión de este modelo constituye un importante desafío político y científico-técnico de largo plazo, puesto que son más altos los costos de no hacer nada que los remediales futuros: restaurar, conservar para prevenir mayores impactos eco-sociales de las catástrofes naturales de origen antrópico, son ejes estratégicos para transitar a un “modelo de desarrollo: intensivo en valor agregado doméstico, incluyente socialmente y sustentable socioecológicamente” (Garay, Espitia, 2020).

 

Los cambios climáticos asociados a periodos prolongados de lluvias o sequias encuentran desprovistas montañas, laderas y riberas de ríos y quebradas de la cobertura vegetal, sobrepresionando la capacidad natural de suelos y tierras, especialmente en las zonas de recarga hídrica (bosques) de la cordillera, lo que contribuyó a perder el 41.5 % de nacimientos, 1690 arroyos, quebradas y ríos abastecedores de agua para consumo del 62 % de población urbana y aproximadamente 600 000 has de cultivos y 1 700 000 has de praderas ganaderas.

 

Entre las causas de este problema, están las políticas públicas y estrategias empresariales embocadas a fortalecer el “extractivismo” generador de externalidades negativas cuyo costo es transferido a las comunidades y al Estado, acumulando pasivos ambientales que hoy sufren las comunidades ribereñas de los ríos Sogamoso, Lebrija y el Magdalena, así como los asentamientos informales urbanos de las aglomeraciones del ÁMB, Barrancabermeja y San Gil; así como del 61 % de los centros poblados de menos de 20 000 habitantes, cuyos territorios se convirtieron receptores de vertimientos tóxicos y gases atmosféricos de las aglomeraciones urbanas medianas y grandes, aumentando la morbilidad en los estratos de bajos ingresos y presionando el gasto social en salud pública, como quedó demostrado en la pandemia por covid-19.

 

En medio de este desafío se sitúa el sistema educativo, para construir un pacto eco-cultural basado en la ciencia desde la básica primaria hasta la universidad, tomando como escenario-laboratorio los territorios (en términos de unidades de vida) para producir el conocimiento adaptativo a las dinámicas ecosistémicas locales y globales.

 

 

 

 

Cuadro 4. Cultivos transitorios en el departamento de Santander.

 

 

Gráfica 4. Cultivos transitorios en Santander.

 

A lo anterior se añade el efecto negativo sobre suelos y población con agroquímicos importados, responsables de la contaminación edáfica (y fuentes hídricas) que incide en los rendimientos decrecientes constantes de la tierra y aumento exponencial de costos de producción en detrimento de las condiciones de vida de productores rurales pequeños, particularmente campesinos en sistemas territoriales de producción de la zona andina, los cuales ofertan el 80 % de productos perecederos de la canasta familiar urbana. Estas consideraciones no están en las políticas nacionales ni regionales de planificación, constituyéndose en un reto para el PND 2023-2026.

 

En este contexto, un vistazo a los indicadores de crecimiento económico regional de los últimos veinte años, elaborados y publicados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), arrojan un balance socio-ecológico negativo, a juzgar por aumento de la contaminación urbana (vertimientos y polución), la deforestación periférica causantes del intenso y frecuente aumento de erosión asociado a desastres, tanto en la zona andina como la llanura aluvial del Magdalena Medio, con un abultado acumulado de víctimas humanas y pérdidas económicas.

 

Acompañando estos impactos, el deterioro de las condiciones materiales de vida y profundización de las desigualdades sociales con pobreza (monetaria y multimodal) rural alrededor del 49.7 % y la urbana en 39.5 % (DANE-CEPAL, 2022), al tiempo que se reduce la FEPP,  limitando la producción alimentaria que hoy requeriría alrededor de 1 230 000 has para sustituir las importaciones de alimentos (actualmente solo se destinan 525 000 has en cultivos permanentes y transitorios; ver cuadros 2 y 3) y detener el aumento precios (IPC de 9.5 % entre 2021 y 2022, según DANE) e inseguridad alimentaria, con efectos diferenciados entre subregiones, como el caso del Magdalena Medio y áreas de la zona andina, que perdieron la autonomía alimentaria.

 

De otra parte, se subraya la participación de la agroindustria avícola, piscícola y porcícola en la oferta regional de proteínas, las cuales producen aproximadamente el 61 % en sólo 18 000 has, mientras que la ganadería extensiva el 87 % de tierras (1 700 000 has) de tierras (cuadro 3) produce el 39 % de la demanda de proteínas de las proteínas, cuyos índices de precios sobrepasan hasta el 35 % los anteriores productos. En este caso, la ineficiencia energética es notoria: uso inadecuado de tierras (conflictos de uso), disminución de la productividad, aumento de los costos de producción y distanciamiento mayor de las cadenas de suministro extracción biomasa-producción-distribución-consumo-residuos.

 

 

 

Cuadro 5. Cultivos permanentes en el departamento de Santander.

 

 

Gráfica 5. Cultivos permanentes en Santander.

 

Estos factores, entre otros, están en la base del aumento del IPC (productor y consumidor), como se evidenció en el periodo pandemia-postpandemia de covid-19, donde el aislamiento elevó los precios de alimentos frescos (frutas, tubérculos, verduras, hortalizas y cereales). En efecto, en el periodo 2020-2021, los sistemas territoriales de producción provinciales sostuvieron la demanda de alimentos frescos de esas poblaciones ante la parálisis del transporte, lo cual demuestra el potencial de las vocaciones culturales productivas.

 

Al mismo tiempo, en dicho periodo se desveló la debilidad rural y agropecuaria, un sector deficitario en la oferta alimentaria y dependiente de importaciones que inciden en el aumento del Índice de Precios al Productor (IPP, que en el 2021 estuvo en 21. 6%, según: DANE, 2022)[8], además del rezago en los indicadores de desarrollo rural (NBI, Pobreza monetaria, Pobreza multidimensional, ICV, entre otros). Por ejemplo, para la producción de maíz, en el territorio habría aproximadamente 37 200 has agroecológicamente aptas y sólo se cultivan 9867 has, similar situación ocurre con los cultivos de frijol (5870 has), arroz (225 has) y algunos frutales como manzana, durazno, guayaba, uva y mora (50.5 has), productos que se importan de otras regiones y del extranjero, desaprovechando las potencialidades agroecológicas para sustituir tales importaciones tanto para la agroindustria (avícola, cárnicos) como para el consumo directo.

 

Antes de la pandemia de covid-19, Santander presentaba una producción de caña panelera aproximada de 285 000 toneladas (t); piña cerca de 250 000 t, palma de aceite alrededor de 160 000 t y cítricos (mandarina, naranja y limón) de 133 000 t, cacao de 23 370 t (primer productor nacional), café de 43 356 t. Los cultivos transitorios suplieron la demanda, como plátano (aprox. 122 500 t), papa (174 000 t aprox.), tomate (65 948 t), cebolla de rama (27 400 t) y yuca (101 400 t aprox.), poniendo en evidencia la necesidad de una estrategia planificación agropecuaria y rural con autonomía territorial y soberanía alimentaria, lo que supone superar la descoordinación interinstitucional de la gestión del desarrollo rural (MinAgricultura-ICA-Gobernación-Alcaldías-CAR_s-IDEAM) para una integración sectorial-territorial.

 

Si se tiene cuenta el potencial agroecológico aprovechable, Santander sería exportador neto agrícola para la región Caribe y Venezuela, en cultivos transitorios (maíz, frijol, cebolla, arveja, zanahoria, papa, cilantro, arroz) y en sistemas territoriales de producción de García Rovira, Vélez, Soto y Magdalena Medio, los cuales complementan los cultivos permanentes ubicados en las otras provincias o subregiones (sistemas territoriales de café, cacao, caña en la zona andina y palma el Magdalena Medio).

 

 

 

4.1. Economía popular y economía del hogar

 

El crecimiento de lo que se denominada economía informal, en el ÁMB y el sistema urbano regional (Barrancabermeja-San Gil-Socorro-Barbosa-Málaga-Cimitarra), lejos de constituir una limitante del desarrollo urbano y la construcción de ciudad, constituye una fortaleza para el crecimiento económico (valorización del capital) y la generación de ingresos para superar la pobreza monetaria, en términos de derechos al espacio y bienes públicos de la ciudad.

 

La promoción de la asociatividad inclusiva y fortalecimiento de organizaciones de productores y productoras con el apoyo del Estado (gobierno nacional, regional y gobiernos locales) y consumidores a partir de las plataformas digitales. Implica protección del derecho al trabajo de mujeres a través del apoyo técnico y financiero de organizaciones de género como referente identitario, incorporando valores de la economía del hogar.

 

En una segunda entrega de Santander-región, serán tratados los siguientes temas:

– Desordenamiento territorial y rezago del desarrollo regional.

– Pobreza urbana y rural: distribución espacial de la pobreza.

– Escenarios posibles de desarrollo económico sostenible y disminución de las desigualdades.

– Justicia espacial y justicia tributaria.

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Bibliografía

Macías, R. y Zambrano, V. (2022). El proceso socio-histórico de degradación urbana en la ciudad de Bucaramanga-Santander (Colombia). La desigualdad urbana y sus consecuencias sociales. Revista Nuevo Humanismo, 8(2), pp. 7-32. https://doi.org/10.15359/rnh.8-2.1

[1] Entre 2005 y 2020, China habría colocado más de USD 138 mil millones en América Latina y el Caribe (Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia, Jamaica, México, Perú y Colombia) (RFA-EUA, 2021). En 2021, las exportaciones de América Latina hacia China llegaron a unos 222 582 millones de dólares, lo que representa un incremento del 31.4 % respecto al año anterior; mientras que las exportaciones chinas a América Latina se valoraron en 229 009 millones de dólares, un aumento del 52 % respecto al año anterior, según la oficina de aduanas chinas (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES F.24, 2022).

[2] MinHacienda, 2022, Marco Fiscal de Mediano Plazo.

[3] Según Prosantander, la inversión en vías primarias estaría alrededor de COP 10 900 millones para los siguientes proyectos: Navegabilidad del río Magdalena; Troncal del Magdalena; Doble calzada La Virgen-La Cemento; Variante de San Gil; Vía Bucaramanga-Pamplona; Vía Yuma-Sector 1 y 2; Transversal del Carare.

[4] Observatorio de precariedad urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga, 2019 (citado por: Macías y Zambrano, 2020, p. 22).

[5] El territorio como una construcción biocultural sociohistórica, deriva de la noción de territorio como unidad de vida, en función del desarrollo sostenible, al tiempo que la unidad espacial básica de conocimiento y gestión del desarrollo regional y nacional (Téllez, 2018).

[6] Entre 2000 y 2012, el Departamento perdió 205 000 hectáreas (ha) de bosques, estimándose una tasa de deforestación promedio de 11 000 ha/año (2014), mientras en los períodos 2000-2005 y 2005-2010 las tasas de deforestación fueron superiores a 16 947 ha/año. También se estima que actualmente el departamento tendría 1 023 743 ha de bosques (entre húmedo y seco), 743 168 ha de bosque productor y 442 001 ha en suelo agroforestal (Secretaría de Planeación-USTABUCA, 2015).

[7] Para el 2015, en medio del formidable movimiento ambiental, las autoridades, para favorecer a la empresa multinacional Minesa, estimaron el área de páramo de Santurbán en 11 700 has, cuando realmente, en planos, es de 39 760 has en jurisdicción de Santander, quitándole así 28 060 has, excluyendo la superficie total de la unidad ecosistémica, que incluye las áreas de ecosistemas de bosque altoandino, bosque de niebla y el páramo entre 600 msnm y 4500 msnm. Procedimiento similar se aplicó por la CAS para sustraer de los distritos de manejo y protección de los humedales del Magdalena Medio (ciénagas de Barrancabermeja y Puerto Wilches) porciones considerables para usos prohibidos.

[8] El índice de los productos importados, particularmente de maíz amarillo y fríjol soya, se incrementó en 42.0 %, según DANE, 07-21-2021.