Saliendo de la tragedia con esperanzas vivas
El triunfo electoral de Gustavo Petro el pasado 19 de junio como nuevo presidente de la república de Colombia, conlleva un cambio trascendental y un drástico viraje que advierte modificaciones estructurales en el futuro y en la historia de la sociedad colombiana, situación que se espera sea para bien desde los diferentes escenarios de la vida republicana y desde el marco conceptual de la democracia, las nuevas condiciones de vida social, económicas, culturales políticas y de sus relaciones con la comunidad internacional, el ambiente y la naturaleza.
Los resultados electorales del 19 de junio representan un campanazo histórico que llenó de alegría desbordante a millones de excluidos que por primera vez en sus vidas logran entrar victoriosos en el ámbito de las grandes decisiones de la nación colombiana, desde el ejercicio ciudadano del voto hacia la recuperación del poder soberano del pueblo para hacer de las instituciones públicas herramientas fundamentales orientadas a resolver las necesidades de una Colombia grande, de un proyecto de vida colectivo de paz, convivencia pacífica y felicidad.
En donde estamos, perdonar sí, pero no olvidar
El daño sufrido por millones de colombianos a lo largo de las políticas neoliberales, abiertamente reaccionarias de derecha, especialmente ensañadas en el enriquecimiento corrupto de interés privado y personal de sus amigos y grupos en el poder, han usufructuado los recursos de la nación en forma desbordada y criminal, han endeudado a la nación a límites aún por investigar en condiciones onerosas para los colombianos, han decretado beneficios increíbles de exoneración de impuestos a grandes capitales multinacionales y a los superricos de Colombia, han desmantelado y despilfarrado las riquezas de la nación dejando una profunda huella de deuda social y financiera gigantesca que se convierte en obligación imperativa para toda la nación.
Mientras el hambre crónica y el desempleo se hacen desesperantes, mientras miles de niños en sectores rurales en medio de la pandemia carecen de vías para ir a estudiar y están desconectados del internet, esta política neoliberal juega con contratos millonarios asignados a favor de criminales ya condenados por corrupción. Este gobierno es responsable de la profunda crisis que sufren millones de colombianos; el gobierno saliente de Duque sostiene una burocracia inútil y costosa para el país, de beneficio para sus amigos personales y aliados políticos, verdaderos parásitos que nunca asumen el servicio público como compromiso con la sociedad.
El reciente informe de la Comisión de la Verdad y esclarecimiento histórico presentado por el sacerdote Francisco de Roux, demuestra con miles de testimonios que dentro del Estado colombiano no se escatimaron esfuerzos acudiendo al abuso del poder y a todas formas de violencia para intentar acallar y desaparecer las distintas voces que desde la sociedad civil, los partidos políticos de izquierda democrática, los excombatientes y miles de independientes, levantaran las voces de denuncias y exigencias de respeto por los derechos a la vida, a la soberanía nacional, a los recursos públicos, a la propiedad, a la justicia social, sin que fueran escuchados. Allí miles de casos fueron de conocimiento de procesos judiciales por la justicia internacional, que sancionaron al Estado y obligaron a cumplir y pagar sanciones por sus crímenes.
La región: hacia nuevas relaciones equitativas nación-territorio
La característica de las relaciones asimétricas entre nación y territorio, son de vieja data desde el origen de nuestra vida republicana. El centralismo político y económico es voraz, es y ha sido excluyente, impone relaciones asimétricas, es causa de permanentes conflictos y del desencuentro permanente por crímenes de corrupción con graves y dolorosas consecuencias. Este es uno de los nudos más duros que seguramente enfrentará el próximo plan nacional de desarrollo. El poder central del Estado llega a las regiones principalmente por la participación presupuestal para el situado fiscal que cubre salud, educación y saneamiento básico. También sobresalen las situaciones de emergencias naturales o por hechos causados en la violencia del conflicto armado. El mayor interés de su presencia está en los macroproyectos de extracción minera o petrolera, localizados en las regiones que se definen desde el centro, sin consulta previa de las regiones y sus territorios.
Las condiciones son impuestas y arbitrarias, perjudicando la vocación y las condiciones de las comunidades. La participación de los beneficios es ridícula en la actual legislación colombiana, son regalos a las multinacionales mientras las regiones se hunden en la pobreza, la prostitución, el desastre ambiental y el abandono social del Estado. Desde luego es bueno reafirmar que son las regiones las que producen gran parte de la riqueza nacional, el trabajo y los recursos para la nación, pero la retribución es injusta e inequitativa. Las regiones no participan con delegaciones propias en la toma de decisiones de dichos convenios ni proyectos, ni en las entidades del Estado que comprometen el futuro de sus territorios.
Este es un asunto que demanda un profundo cambio de la historia, propuesto por el gobierno Petro, que debe ser modificado sustancialmente. Definitivamente las regiones son las que tuvieron que pagar en mayor medida la cuota de dolor y sangre con vidas de sus mejores líderes y con sus organizaciones diezmadas, con los recursos naturales extraídos y expropiados para beneficio de consorcios multinacionales y sus amigos en el gobierno. Así fueron las regiones del Catatumbo, del Magdalena medio, del Chocó, del Putumayo, del Meta, de Nariño, del Cauca, de Antioquia, de La Guajira, El Cesar, Santander, Arauca, territorios donde más se ensañó la violencia y la expoliación de nuestros recursos naturales y contra la población de las diferentes regiones y territorios de la periferia, sumando un daño irreparable, inconmensurable.
Durante cuarenta años lo menos, millones de colombianos hombres y mujeres de las regiones, hemos sido condenados a la exclusión y a la desigualdad criminal injusta y cruel, incluyendo miles de vidas perdidas por la violencia, padeciendo el desempleo, el desplazamiento, el hambre y el despojo de sus tierras por las guerras, la pobreza y el atraso social, el robo de las riquezas naturales, la corrupción impune, el atropello a los derechos humanos, las masacres y los homicidios incontables que se hicieron costumbre y parte del doloroso paisaje nacional en el diario anuncio de las noticias y denuncias que para muchos eran inventos de grupos extremistas. En la era que anuncia el presidente electo Gustavo Petro, eso no puede continuar, es inaceptable. Y ¿entonces?
El pacto por Santander y Colombia en el Plan de Desarrollo nacional
Es la oportunidad de cambiar esa triste historia para retomar la iniciativa del gran Santander y de la consigna de una Colombia más humana. El contexto llama a construir mediante una cultura de diálogo político entre los diversos sectores políticos y sociales, una concertación política y social, un pacto programático desde la región para levantar acuerdos posibles en un pacto programático con verdaderos programas de desarrollo e inversión territorial que sean sustentados ante el congreso de la república y capítulo en el próximo plan nacional de desarrollo del gobierno Petro. Este debe ser el sentido del pacto por el Gran Santander para construir futuro de bienestar para todos con justicia social, democracia y paz.
El pacto por Santander debe tener amplia, sistemática y ordenada convocatoria de actores y comunidades regionales, incluyendo gobiernos y liderazgos políticos regionales y locales, hacia la construcción de agendas territoriales de desarrollo que sean incluidas como parte sustantiva del plan nacional de desarrollo.
El Pacto por Santander y Colombia permitirá que el Estado vuelva los ojos a nuestra región y al campo para construir la paz, priorice las reformas democráticas, la superación de las violencias y la corrupción. También, entre otras, es inaplazable retomar la agenda de soberanía territorial, regional y nacional sobre la modernización de la infraestructura vial regional, la conectividad rural al internet, los ecosistemas protegidos de páramos y ríos, la prohibición de mega minería y extractivismo en fuentes hídricas y áreas ambientales estratégicas.
- Prohibirá el sistema de explotación petrolera del fracking y ordenará la caducidad de todos los títulos mineros y de explotación petrolera que se encuentren ubicados en zonas estratégicas de especial protección ambiental, como zonas de vocación agrícolas, páramos, humedales y afluentes que surten los acueductos a las poblaciones urbanas y rurales de los municipios.
- Proponemos al nuevo gobierno garantizar que la nación reafirme una política de preservación y especial protección de las fuentes hídricas en todo el territorio nacional, incluyéndolas como zonas o áreas estratégicas, así se consideraran las reservas naturales, el páramo de Santurbán, demás paramos, humedales, bosques y selvas, como áreas estratégicas para la vida de la naturaleza con su biodiversidad, diversas formas de vida, los bienes naturales y los servicios ecosistémicos que garantice el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.
- El Pacto por Santander desarrollará un plan vial estratégico, que resuelva los graves problemas de conectividad, movilidad, transporte y acceso seguro a los diferentes municipios y provincias de Santander y del oriente colombiano. Incorporará la reactivación del sistema férreo que permita conectar al departamento con otras regiones de Colombia y la capital de la república. Esta aspiración es una vieja deuda que mantiene en el atraso económico y en el abandono a muchos municipios y provincias santandereanas, siendo un tema estratégico para el progreso y bienestar de las comunidades y vital para su desarrollo económico y social de la región. El acceso a mercados, la seguridad vial, el desarrollo turístico y el mejoramiento de los servicios y su economía local y regional serán favorecidos con esta política.
- El plan de industrialización de Santander con la petroquímica, la metalmecánica, la modernización del turismo convirtiendo a Santander en lugar de destino y consolidar el desarrollo empresarial con el impulso a la soberanía alimentaria y la agroindustria, una transición energética con producción limpia, equidad y comercio justo, serían pilares que se constituyan en un objetivo estratégico dadas sus implicaciones sociales en términos de la salud, educación y empleo, así como su incidencia en las posibilidades sostenibles de financiación del desarrollo.
- El pacto por Santander promoverá una política de economía social y solidaria para modernizar el desarrollo regional, la asociatividad económica y comunitaria, el empleo y la calidad de vida de todos los colombianos.
- Nuestro compromiso con la micro, pequeña y mediana empresa. Las famiempresas, el micro y pequeño empresario, en diferentes sectores de la producción, son una fuente de trabajo y de riqueza, por lo que demandamos y apoyamos que tendrán el apoyo con políticas del Estado, capacitación, tecnología, innovación y crédito. Con la innovación y la tecnología se genera valor agregado a sus productos, mejores empleos, asociatividad y acceso a mercados nacionales e internacionales.
- Impulsaremos un Estado moderno y eficaz, aprovechando la cuarta revolución industrial, tecnológica y del conocimiento. Bajo la dirección del Estado y la política del pacto histórico, la revolución 4-0, la cuarta revolución industrial, se utilizará para extender el acceso (democratización del conocimiento, la inteligencia artificial y las plataformas digitales) de la revolución 4.0 que permite inserción inteligente y protegida a la economía digital para reducir sustancialmente la brecha tecnológica rural-urbana y socioeconómica. El Estado debe financiar y promover la economía circular y la agroecología o socioecología como estrategia de desarrollo sostenible eficaz en todos sus territorios.
