El futuro biodiverso y sostenible de todo el valle de los ríos Chucurí y Cascajales es cada vez más alarmante y penumbroso, a medida que el gobierno sigue subastando su territorio ancestral y fértil, concediendo licencias ambientales como si fuera una tienda de mercado libre, favorecido por los títulos mineros adjudicados por gobiernos anteriores (solamente en Santander son 387). Para nuestro caso, se tiene el permiso FLL-082, por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), para poder llevar a cabo un proyecto de explotación minera.En agosto del año pasado la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), mediante la resolución 574, otorgó la licencia ambiental para que la empresa Colcco SA pueda desarrollar el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto y de socavón en El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí.
Son 1949 hectáreas que, según los mapas, inician desde las veredas Rancho Grande y Los Aljibes y terminan en los suelos fértiles y turísticos de la región de Palmira. Todo un brazo de la cordillera oriental, que se conecta con la serranía de La Paz, mortalmente herida desde que la presa del proyecto Hidrosogamoso quedó recostada en la milenaria formación rocosa, y el embalse Topocoro obligó a talar todo un bosque nativo ya desplazar injusta y suicidamente la fauna de su hábitat natural.
Debido a la negligencia de la CAS para atender los reclamos de la comunidad y derogar la resolución 574 de agosto del año 2022, la comunidad tomó, en el mes de enero pasado, la decisión de movilizarse a las vías nacionales para ser escuchadas, a partir de bloqueos parciales y totales en la vía Panamericana. Luego de diecinueve días de resistencia, el gobierno percibió un preacuerdo, en cual se destaca el compromiso de la ministra del medio ambiente de presentar la demanda de nulidad de la licencia y luego realizar un foro temático por el agua y el territorio Yariguí.Desafortunadamente el esfuerzo ha sido en vano, porque se van a cumplir tres meses del acuerdo y el gobierno no se ha manifestado con sus compromisos, por tanto, a finales de este mes de abril se estará convocando nuevamente la asamblea de defensores del territorio,
Para rematar y declarar desafortunadamente una encerrona contra el territorio agrícola, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia ambiental para la explotación de carbón en socavón, conforme a lo establecido en el contrato de concesión número FLG-111, de 1040 has y 5500 m 2 en la región de Montebello y La Estrella, pertenecientes a los municipios de Zapatoca y Betulia, suscritos con el Servicio Geológico Colombiano (SGC, INGEOMINAS) con una duración de treinta años. Es decir, la minería de explotación de carbón está anunciando la destrucción de toda la serranía de La Paz, desde el sur, zona del Carmen de Chucurí hasta el norte, territorio betuliano y zapatoqueño.
La explotación minera no sólo es causa del agotamiento de los recursos naturales, sino también del deterioro progresivo de la salud humana y de la pobreza. Hay una amenaza oculta en el subsuelo, y es la afectación de las aguas subterráneas; la única forma de demostrar que los acuíferos no se contaminan con metales pesados y otros contaminantes, es, geológicamente, a través de un modelo hidrogeológico conceptual que permite identificar el comportamiento de la dinámica hídrica del territorio. Un modelo hidrogeológico se debe validar a través de múltiples mediciones de profundidad. La autoridad ambiental debe incluirlo en los términos de referencia, como un requisito a las empresas, porque es la única manera de demostrar las dinámicas de las aguas subterráneas.
Además, es preocupante la alta accidentalidad, especialmente en minas de carbón y oro, provocada por explosiones o derrumbes. Durante 2022 se registraron 117 accidentes que causaron la muerte de 146 personas, la mayoría en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca, según las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Minería. Es inaceptable que, este año, tengamos ya treinta muertos por explosión en minas de socavón.
Conclusión
Los santandereanos debemos estar unidos y organizados para defender el territorio agrícola y pecuario ancestral, demostrando que es un modelo de desarrollo productivo y sostenible. Para ello es importante fortalecer el movimiento social y lograr un cambio de las políticas económicas y una verdadera política ambiental que salvaguarde la vida, un nuevo modelo que no se centre en la acumulación de capital, en que la hubo ambiental se convierta en un eje estratégico en armonía con el sistema productivo.
Adenda 1 : Es fundamental la reforma al Código Minero, de manera que no se deprede el territorio, no se use mercurio, no se contaminen y afecten las aguas, los ríos y se promueva el cierre de minas. Se debe concertar con las comunidades.
Adenda 2 : Debemos orientarnos en la ruta de la transición energética justa, democrática y soberana.
