De acuerdo con los artículos 95.9 y 363 de la Constitución, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los cuales constituyen el marco general que guía la imposición de las cargas fiscales a través de las cuales el Estado obtiene los recursos para su financiamiento e inversiones. El principio de progresividad tributaria, según la Corte Constitucional (Sentencia C-100 de 2014), dispone que los tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y han de gravar en mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva (equidad vertical), de tal forma que, cuando se tienen ingresos diferentes, los impuestos también deben serlo.
Son estos los principios que guían la Reforma Tributaria planteada por el gobierno, que busca, además, eliminar exenciones y beneficios, tratando de unificar una regla única tributaria frente a este tipo de eventos, que usualmente benefician en exclusividad a los más ricos y a las multinacionales. La necesidad de recursos adicionales se proyecta sin perjudicar a los pobres ni a la clase media, quienes son los que han soportado las reformas tributarias anteriores, como la del exministro de hacienda Alberto Carrasquilla y las inmediatamente anteriores.
La respuesta de los gremios y de algunos sectores políticos es oponerse a un proyecto de reforma que interpreta las necesidades de un país, considerado uno de los más desiguales de América Latina, y se afianza en el mandato constitucional. La acumulación de procedimientos administrativos que particularizan el ideal constitucional y sectorizan las prioridades nacionales ha dejado como lastre el afianzamiento de condiciones restrictivas de la igualdad, gota a gota y también de manera estructural. El conflicto armado se ha eternizado, con sus retóricas cambiantes y con la constante de los millones de desplazados y miles de muertos, desaparecidos y víctimas de una disputa que no les pertenece. El crecimiento de la pobreza, del desempleo, de la falta de oportunidades para los jóvenes, de la precariedad generalizada de una clase media pasada por agua, se leen fríamente ante la tentativa de una sociedad que, empero, sigue adelante. Las necesidades acumuladas de esa Colombia profunda, abandonada por el Estado, son en su conjunto una prioridad del gobierno, la óptica estructural que busca la equidad y la justicia social, siendo una realidad que los superricos y los agentes cooptados parecen ignorar.
El crecimiento de la pobreza, del desempleo, de la falta de oportunidades para los jóvenes, de la precariedad generalizada de una clase media pasada por agua, se leen fríamente ante la tentativa de una sociedad que, empero, sigue adelante.
La vivencia política de una mayoría de colombianos que le apuestan al cambio, acerca a la agenda central la preocupación por revertir las prácticas sectoriales con procedimientos estructurales, con medidas incómodas para los sectores afincados en el poder y en contraflujo a la prensa ejercida sin la independencia ni la crítica de tiempos pasados. Los colombianos que viven esta consigna, sabían de las dificultades que tendría esa nueva visión de país. Cambiar, en un presente signado por los contextos recientes de un procedimiento aún más remoto, es un asunto coyuntural; cambiar, después de más de dos siglos de gobiernos que han usufructuado la riqueza nacional, donde han gobernado los mismos, es una tarea titánica. Es fundamental que la ciudadanía se apropie de este proyecto que busca consolidar el Estado Social de Derecho, y que, desde el principio solidario de los asuntos centrales, proceda sin la duda de lo imperativo de un viro estructural y constitucional en los procesos paulatinos de cambio, como lo son las reformas.
Seguir construyendo la ciudadanía, con la presencia de un presidente representante de esa Colombia profunda, afectada por el conflicto y olvidada por el Estado, tiene preocupados a los dueños del poder económico y político tradicional. Su convocatoria a participar en los Diálogos Regionales Vinculantes, como centralización de las preocupaciones estructurales desde uno de los principios de la diversidad y de la inclusión, como lo son las regiones en un país de regiones, incentiva a participar y a aportar para la construcción estratégica del Plan Nacional de Desarrollo. Es una tarea donde la ciudadanía, junto con el equipo de Planeación Nacional, interactúan para aportarle realidad a ese proceso de planificación. El equipo del Departamento Nacional de Planeación orienta metodológicamente el proceso, a través de mesas de trabajo sobre temas como el ordenamiento territorial, la seguridad humana y justicia social, el derecho a la alimentación, la transformación energética y crecimiento Verde con justicia ambiental, con convergencia social y regional, con mujeres y juventudes. La preocupación, pues, proviene de la agenda nacional, por lo cual la preocupación de la clase política tradicional y del conglomerado de medios de comunicación, algunos de ellos adquiridos por estos miembros del poder, resulta vacua e irrelevante. La preocupación estatal, vinculada a las entrañas de la estructura de la nación, se sobrepone a la preocupación particular.
Cambiar, en un presente signado por los contextos recientes de un procedimiento aún más remoto, es un asunto coyuntural; cambiar, después de más de dos siglos de gobiernos que han usufructuado la riqueza nacional, donde han gobernado los mismos, es una tarea titánica.
El poder establecido está preocupado porque considera que el trabajo pedagógico del presidente es populismo, es demagogia, es un cambio sin conocimiento de las bases productivas de la nación. Se equivoca, pues lo que se quiere es construir sentimientos de pertenencia de los territorios, donde la solidaridad y la cooperación sean la fuente de nuevos emprendimientos, que brinden alternativas de vida para construir equidad y una paz duradera. Y es ahí donde se desempeña la educación de calidad. Una promesa del presidente Gustavo Petro que está en el centro de la agenda económica y política que él le propuso al país. Un camino hacia la economía del conocimiento. Una alternativa para salir del rezago económico y social, de la distracción estructural en que se ha mantenido a una gran mayoría de ciudadanos que hoy viven en la pobreza y la desesperanza. La educación y la cultura abren caminos para formar una ciudadanía con capacidad crítica y comprometida con este país, para poder vivir dignamente, y en donde se respete la vida y la naturaleza. Un país que rehace lentamente su mirada central y constitucional, para hacer lo que los superricos han hecho para su propio beneficio: nunca ceder.
