Gustavo Petro y Francia Márquez, en la campaña, presentaron su programa de gobierno al que llamaron “Colombia, potencia mundial de la vida”. El programa parte del reconocimiento de las mujeres como líderes del cambio; busca el liderazgo del país en la lucha contra los impactos del cambio climático; enfrenta los efectos trágicos de la economía extractivista e invita a la construcción de una economía productiva; establece la necesidad de disminuir la desigualdad, desde la aplicación de la Constitución de 1991, que garantiza los derechos, que no serán tratados como mercancías; asegura la búsqueda constante de la democratización del Estado, el ejercicio de las libertades fundamentales y una agenda internacional para la vida, y establece su propuesta para la paz total.
El programa de gobierno por el que votaron un poco más de once millones de personas se debe convertir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual debe estar listo para iniciar su camino hacia el congreso el próximo 13 de noviembre. Aunque las leyes exigen la participación amplia en su diseño, ejecución y seguimiento, nunca ha sido claro cuáles son los mecanismos para que la participación sea real, informada y abierta a todos los sectores de la sociedad y, por tanto, nunca se han podido hacer verdaderos procesos participativos. Es más, los comentarios del órgano que representa a la sociedad, el Consejo Nacional de Planeación, no son vinculantes, a pesar de que su aprobación en esa instancia tiene un peso político innegable.
El presidente Petro ha pedido que el Plan sea construido con la participación directa de la mayor cantidad de las personas que viven en Colombia, mediante la realización de 50 diálogos regionales que, otra novedad compleja, deben ser vinculantes; es decir, sus acuerdos serán de obligatorio cumplimiento y, por tanto, deben ser incluidos en el Plan de Desarrollo y considerados en el presupuesto plurianual. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha hecho un esfuerzo importante para establecer una metodología para la participación en los diálogos; pese a ello, los primeros ejercicios muestran que las inscripciones de personas superan más de tres veces las posibilidades de presentación de las propuestas. Todavía no está muy claro cómo será el proceso de tabulación y la elección final de los proyectos que llegarán al PND. De todas formas, esta es la primera vez que sentimos que estamos involucrados en el proceso de diseño del Plan de Desarrollo, así no logremos participar en la forma masiva soñada por el presidente Petro.
El nombre de “Plan de Desarrollo” para este documento es conflictivo. En primer lugar, los planes, creados en los años cincuenta como la gran solución para la administración del progreso, a imagen y semejanza del modelo militar con estrategias y tácticas predefinidas, han perdido prestigio como instrumentos para diseñar políticas debido a la dificultad para predecir el futuro y sus variaciones. El fracaso de los famosos planes quinquenales de la Unión Soviética, que no tuvieron la elasticidad suficiente para responder a las contingencias, fueron el ejemplo más visible de lo que no se debía hacer. Su rigidez fue su verdugo, pues cinco años son un tiempo demasiado largo para imaginar que todo sigue igual y para adelantarse a las pequeñas variaciones, que tienen efectos insospechados en los procesos.
En segundo lugar, el concepto de desarrollo es aún más difícil de digerir. Obedece a la organización tripartita del mundo en el pensamiento europeo que imaginó –y que imagina– que el mundo estaba dividido en tres grandes momentos, concebidos como sucesivos en el tiempo: salvajismo, barbarie y civilización. Europa se autodefinió como la civilización, cúpula de los procesos humanos, fin de la historia y modelo para los demás, mientras que aquellos pueblos de culturas diferentes fueron vistos por los europeos como sociedades en la barbarie, que debían trabajar en su proceso de cambio para “civilizarse”. Mientras que la enorme diversidad cultural e histórica del resto del planeta fue concebida como atrasada e incapaz, objeto de la caridad civilizadora europea, para “ayudarlos” a humanizarse. Este modelo, de finales del siglo XIX, se transformó en los comienzos del siglo XX en la fórmula del primero, segundo y tercer mundo. En años más recientes, a mediados del siglo XX, esta organización tripartita del mundo permitió la noción de subdesarrollo creada en la mente imperial de los Estados Unidos, que se acomodó muy bien para mostrar que el modelo estadounidense era el horizonte al que todos deberíamos tender. Hubo pueblos subdesarrollados, en vías de desarrollo y ellos, los desarrollados. Este patrón social y político ha sido útil para mantener el colonialismo y la dependencia.
El Plan de Desarrollo está pensado como un esfuerzo para trasportar a la sociedad hacia el modelo civilizatorio de Europa y Estados Unidos, hoy en grave crisis. La Constitución Política de Colombia (Artículos 339, 340, 341 y 342) y la ley reglamentaria (Ley 152 de 1994), lo establecen como una obligación para todos los niveles de gobierno. En otros países de la región se hacen documentos similares para definir las acciones del gobierno durante períodos de tiempo de mediana duración, a veces de cuatro, a veces de seis años, como las estrategias nacionales de desarrollo, los planes de gobierno, las visiones de país. Las sociedades étnicas de Colombia usan el bello nombre de Plan de Vida, algo que han debido hacer obligados por las estructuras burocráticas estatales que no consideran otras opciones ni otras formas de organizar y actuar sobre la realidad.
Sin dejar de cumplir con la Constitución Política y las leyes de la república, el gobierno de Petro y Francia ha puesto como objetivo del Plan de Desarrollo la búsqueda de la paz total. Todas las acciones deben apuntar a cumplir con promesas de campaña que se recogen muy bien en las primeras palabras del Plan de Gobierno: “Llegó la hora de cambiar. Colombia será Potencia Mundial de la Vida mediante un Pacto Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación para entrar por fin en una era de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos, que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común. (…) Este programa para el cambio, construido desde los territorios y las voces de sus gentes, está concebido como el inicio de una transición, que en lo inmediato hará posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra”. Estas bellas palabras reflejan las decisiones de los primeros días del gobierno y trazan la línea para evaluar su cumplimiento
La ley establece que el Plan está compuesto por dos grandes componentes, el contenido que describe los proyectos y programas y el presupuesto plurianual, que describe la financiación de cada componente a lo largo de los cuatro años del gobierno. A esta estructura se suman los presupuestos anuales, que se ajustan a las realidades de cada año y le confieren al Plan su elasticidad para responder a la contingencia y el cambio. El Plan es, entonces, la identificación de los proyectos y programas que se establecen en consonancia con el presupuesto disponible. De tal manera, los diálogos regionales se concentran en la identificación local y subregional de los programas y proyectos priorizados por la gente en cada caso y se hacen vinculantes porque tienen la financiación requerida en el presupuesto, para asegurar su ejecución. Esta es la expresión de la participación directa: el diálogo entre la gente que identifica sus más apremiantes necesidades y el gobierno que asegura el presupuesto y los mecanismos de coordinación necesarios para cumplir con sus promesas. No es fácil; aún quedan muchas preguntas pendientes que ojalá se puedan responder como producto de la práctica técnico política: ¿cuáles son los niveles de detalle de los compromisos para el “desarrollo local” y cómo se hace la tabulación y selección de las propuestas? ¿Cómo se superan las limitaciones impuestas por las diferencias de tiempos, cuando hemos aprendido que el tiempo de la democracia, el tiempo de las sociedades étnicas y campesinas no es el mismo tiempo de la política, del gobierno, de los negocios?
“¿En qué se va a gastar la reforma tributaria? […] Que Colombia no sea vulnerable a cualquier estornudo de la economía mundial”
La semana antepasada, en la ceremonia de posesión de algunos funcionarios, el presidente Petro manifestó que “la igualdad no se hace a base de limosnas por debajo de la línea de pobreza”, para sugerir la necesidad de pensar en grandes programas de gobierno en lugar de miles de pequeños proyectos que no tienen ningún impacto en la superación de la pobreza, sino que, por el contrario, mantienen la inequidad, la desigualdad, la segregación. Luego, dirigió a los aliados del Congreso una instrucción clara: “Pedimos a las fuerzas progresistas en el Congreso no echar atrás, ni en la reforma tributaria, ni en el presupuesto”. Así les recordó a los congresistas la necesidad del gobierno de asegurar la financiación de los proyectos elegidos en el Plan, para poner en marcha la transición para el cambio en los cuatro próximos años. Para terminar, se preguntó: “¿En qué se va a gastar la reforma tributaria? […] Que Colombia no sea vulnerable a cualquier estornudo de la economía mundial”. Una reflexión fundamental y un reto político inmediato, que demanda una estrategia económica capaz de salvaguardarse de los vaivenes de la globalización de la crisis.
El gobierno del presidente Petro logró sumar 405 billones de pesos disponibles para el año 2023 (algo más de 97 000 millones de dólares) al obtener en el Congreso la aprobación de una adición presupuestal de 14.3 billones de pesos (3000 millones de dólares), e indicó cómo serán considerados en el Plan: 2 billones en compra de tierras para hacer reforma agraria y para incrementar la producción agraria en la lucha contra el hambre; 1.3 billones en educación superior (la meta es de 3 billones), para construir infraestructura universitaria en las regiones más excluidas y para la gratuidad en la educación superior. 1 billón de pesos para agua potable (una obligación del Ministerio de Vivienda), con preferencia para las regiones con mayor tasa de mortalidad por desnutrición infantil. 1.3 billones para sustitución voluntaria de cultivos, uno de los puntos del acuerdo con las FARC, con pagos a las familias productoras. 1 billón para el Ministerio de Salud, para comenzar con la construcción de un modelo alternativo a la Ley 100, que es el modelo preventivo en salud, con la contratación de equipos médicos que vayan casa a casa hasta en los lugares más apartados (ya probado con éxito en Bogotá). Financiación del Catastro Multipropósito; incremento en la política de sustitución de tierras para víctimas de la violencia; creación de las condiciones para el tránsito hacia energías limpias, con mayores niveles de conectividad en Colombia.
“Llegó la hora de cambiar. Colombia será Potencia Mundial de la Vida mediante un Pacto Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación para entrar por fin en una era de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos, que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común. (…) Este programa para el cambio, construido desde los territorios y las voces de sus gentes, está concebido como el inicio de una transición, que en lo inmediato hará posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra” Gustavo Petro.
Con esta descripción del reparto de la adición aprobada, el presidente Petro está demarcando los ejes claves del Plan, los cuales se complementan con lo dispuesto en el articulado del Proyecto de Ley 181 de 2022, que “define la política de paz de Estado”, asignado a la Comisión Primera, pero que podría no estar convertido en ley antes de que se apruebe la ley del Plan. Sin embargo, en su artículo 6, el proyecto le señala al Plan Nacional y a los planes locales la obligatoriedad de incluir políticas, programas y proyectos para buscar la paz total y recuerda que ya hay compromisos contenidos en el Marco de Implementación (PMI), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), entre otros. La tarea para los funcionarios del DNP será ardua, compleja y con unas limitaciones de tiempos inconcebibles. La inclusión de los acuerdos establecidos en los cincuenta diálogos regionales vinculantes en las líneas ya demarcadas garantizará que no haya frustraciones.
