En Colombia, la depresión de la agricultura ha implicado la intensificación de las violencias, pues el despojo y desalojo de tierras fértiles y productivas, el fortalecimiento de la ganadería extensiva, la deforestación, el monocultivo, la carencia de vías de comunicación en buenas condiciones, el abandono del Estado de sus compromisos con el sector –por ejemplo, desmontando el IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) y minimizando el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (Caja Agraria), y la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) en favor de las multinacionales de la alimentación o de la producción de fertilizantes e insecticidas–, han ido de la mano de la aparición de distintos grupos insurgentes y bandas criminales que, en el primer caso, luchaban por modificar un modelo un desarrollo que daba primacía al capital multinacional y la explotación de recursos naturales, y en el segundo caso, se fueron fortaleciendo por actividades de narcotráfico, minería ilegal y tala de bosques, principalmente.
Un problema mayor en esta situación, que derivó en la creación de un círculo vicioso de violencias, fue que la intervención del Estado, para buscar solución a estos conflictos, se hizo, sobre todo, mediante grupos paramilitares, nutridos a su vez por grupos de autodefensa que centraban su violencia contra la población civil y los bienes y servicios públicos, y a través del impulso de planes y programas de contrainsurgencia, como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), el Plan Colombia, o el Plan de Consolidación Territorial, que, mostrando en apariencia incrementar la inversión social en municipios donde había muchas violencias, lograron el fortalecimiento de la Fuerza Pública, cuya principal misión pasó a ser proteger las grandes inversiones de capital multinacional, sobre todo minero energéticas, y cubrir las espaldas a la acción de los grupos paramilitares.
El acuerdo de paz suscrito en La Habana y refrendado en el Teatro Colón en noviembre de 2016, implicó el compromiso mutuo de modificar los términos de esta situación de violencias, abriendo la participación de la guerrilla a la vida política democrática y acordando el impulso de una reforma rural integral que, junto con un plan de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), y dieciséis programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), contribuyeran a la recuperación del sector agrario, incluyendo el sector agroindustrial, y de esta manera distensionaran, sobre todo, la vida de la población rural campesina, afro e indígena.
Luego, cuando se formalizó una agenda con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) al final del segundo período de Santos, en ésta se incluyó la discusión sobre el problema minero energético del país, en particular el petróleo, lo cual permitiría definir una ruta –así como con las FARC-EP en el caso agrario– que, sin tocar los derechos de propiedad, implicarán transformaciones en el modelo de desarrollo económico y social en función de garantizar los derechos de las mayorías.
Al respecto del modelo de desarrollo económico y social del país, es bueno recordar que, en los años que duró el Frente Nacional (1958-1982), bajo distintas denominaciones se intentó seguir un modelo industrialización con sustitución de importaciones, el cual fracasó, entre otras razones, por la incapacidad de impulsar una reforma agraria que facilitara la tecnificación del campo y la focalización de esfuerzos de inversión en renglones energéticos, como fue el caso del ferroníquel por Cerro Matoso S.A.
Luego vendría la apertura económica de Gaviria, que tuvo como una de sus improntas la firma de tratados de libre comercio que favorecieran el agro de los países industrializados, en detrimento de la producción nacional, incluyendo la producción de semillas mejoradas, y uno años más tarde la propuesta de Juan Manuel Santos de poner al frente del desarrollo nacional una locomotora minero energética, compuesta por carbón, petróleo, gas, oro y otros minerales que se han ido expandiendo a la par con el desarrollo tecnológico.
Así las cosas, aunque el modelo de desarrollo social y económico no fue negociado en el acuerdo de paz con las FARC-EP, en éste en cambio se consignó una reforma rural integral que implicará la conformación de un fondo de tierras, la compra de tres millones de hectáreas para destinarlas a la agricultura con fines alimentarios y el diseño de planes rurales de desarrollo socio económico, que conlleven el recorte de brechas existentes entre el campo y las zonas urbanas e incluso entre muchos poblados rurales.
En este sentido, es de relevar el acuerdo suscrito entre la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el gobierno nacional, mediante el cual se aspira a comprar los tres millones de hectáreas pactadas en el acuerdo de La Habana, a precios de mercado y sustentada, esta compra, en que habrá crédito, apoyo técnico, comercialización y mejoras en las vías para que el proyecto no quede en la simple titulación de tierras y, por esa vía, ante un potencial fracaso.
Consolidar este acuerdo lleva implícito depurar la información sobre tierras, de manera que se tenga información precisa sobre cuáles han sido despojadas o están en proceso de restitución, en qué lugares es mejor la inversión productiva; esto será factible, entre otras medidas, mediante la extensión del sistema de catastro multipropósito, la restitución de tierras y la identificación de predios rurales decomisados a la mafia.
Estas medidas irán acompañadas de la consolidación de los planes de sustitución de cultivos con fines ilícitos, llamados PNIS, mediante la suspensión de la erradicación con glifosato, la definición, por parte de los campesinos cocaleros, de los renglones de producción que consideren más importantes, y de la acción estatal contra hechos como el lavado de activos, dado que en éste se centra el poder del narcotráfico.
Es de relevar entonces, en esta apretada síntesis, que los avances en la reforma rural integral y PNIS pactados con las FARC-EP en el acuerdo de La Habana, la reactivación de la agenda de negociaciones con el ELN, que incluye un punto específico de revisión del modelo energético que se ha seguido en el país desde hace unos cien años, y la respuesta positiva de diez grupos armados ilegales para entrar en un proceso de sometimiento a la justicia, así como de las disidencias de las FARC-EP y del sector de esta guerrilla que nunca se desmovilizó, abren un panorama favorable a la consecución de la paz en Colombia. Paz que, como dijo el presidente Gustavo Petro ante la minga indígena del norte del Cauca, debe ser una paz sin adjetivos.
