Suena paradójico decirlo, pero vivir en paz total, implicaría, entre otras consideraciones, vivir en medio de menos violencias, lo cual puede lograrse, si se conjugan, al menos, tres aspectos: uno primero relacionado con el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, otro segundo asociado a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las disidencias de las FARC-EP y la “Nueva Marquetalia” y uno tercero alusivo al sometimiento a la justicia de la fracción del Ejército Popular de Liberación, EPL, conocida como “los pelusos”, que opera en Catatumbo, y decenas de bandas asociadas a un fenómeno de macrocriminalidad compuesto por acciones ilegales en diversos frentes, en especial droga y minería.
El cumplimiento pleno del acuerdo de paz de 2016, suscrito entre el gobierno nacional y las FARC-EP, es urgente para recuperar la confianza de la gente y los excombatientes en una paz estable y duradera y crear un ambiente favorable a la negociación con el ELN y las disidencias de las FARC-EP, y por ello, se han dado pasos para hacer pronta realidad la reforma rural integral, RRI, y el plan nacional de sustitución de cultivos con fines ilícitos, PNIS, consistentes en la firma de un convenio entre el gobierno del presidente Petro y FEDEGAN, para la compra de tierras y la ejecución de proyectos productivos en éstas y la exploración de alternativas reales para que los campesinos cocaleros entren de lleno en la producción de alimentos o en cultivos agroindustriales, pecuarios y medioambientales que les impliquen ingresos efectivos y permanentes.
Por su parte, en el caso del ELN, se partió de refrendar el carácter político de esta organización insurgente, de manera que se llegue a acordar con esta, por ejemplo, reformas políticas, económicas y sociales, y su admisión en la vida política nacional. El reconocimiento del ELN, como parte del conflicto armado interno, derivó, en primer lugar, en la instalación de la mesa de negociaciones en Caracas, la aceptación de la ONU, Cuba, Noruega, México, Chile y Venezuela, como entidad y países garantes, el acuerdo entre las partes de la participación de la Iglesia Católica como tutora de las conversaciones y la integración de equipos de trabajo, que, del lado del gobierno, estará integrado por representantes del presidente y el alto comisionado de paz, empresarios, en este caso el presidente de FEDEGAN, voceros de la sociedad civil y militares, y del lado de la guerrilla, estará integrado por voceros de las 34 estructuras que conforman al ELN, así como del Comando Central COCE, de esta agrupación insurgente.
Así mismo, se mantuvo una agenda de negociaciones pactada en la administración Santos, que fue la base del inicio de las conversaciones en Quito, la cual, es de recordar, tiene como punto uno la discusión en torno a la participación popular en el proceso y se abrieron posibilidades para fortalecer el grupo de países acompañantes, invitando a España, Alemania, Suecia. Suiza, Brasil y USA,
Los resultados de esta primera ronda en Caracas, señalan que se marcha por un camino de entendimientos, pues se acordó abrir “corredores humanitarios” en Chocó y la zona de Calima en el Valle del Cauca y en las cárceles donde hay presos políticos del ELN, como forma de evitar que el conflicto armado interno siga afectando a la población civil y a combatientes privados de su libertad, y se contrarresten acciones como los paros armados o las confrontaciones entre la guerrilla y la Fuerza Pública y reiniciar las negociaciones el próximo año en México.
Al tiempo con este primer acuerdo, el gobierno ha logrado que el parlamento apruebe una reforma tributaria progresiva, que facilitara la inversión social sobre todo en los territorios más afectados por el conflicto armado interno y está impulsando reformas estructurales a la salud y a los sistemas pensional y laboral, de manera que las condiciones de vida de la mayoría de la población mejoren sustancialmente y se disminuya así la inequidad y desigualdad existente.
Otro hecho que juega a favor de la paz total, es el anuncio del gobierno de vincular como gestores de paz barrial a buena parte de los 283 jóvenes retenidos en distintos lugares del país, acusados de cometer actos violentos en medio de las protestas sociales ocurridas en el gobierno de Duque, pero que hasta ahora no han sido condenados, y del inicio del programa jóvenes en paz, por medio del cual se aspira a que 100.000 jóvenes reciban $1.000.000 para que emprendan diversas acciones encaminadas a la reconciliación en zonas donde estos residan.
Por último, en relación al sometimiento a la justicia de diversos grupos armados ilegales, se conformó un equipo de abogados que diseñe y coordine un plan de acciones jurídicas orientado a que los integrantes de estos grupos hagan parte de un proceso en el que, a cambio de verdad y compromiso de no reincidencia, tengan ventajas en las sanciones que les dictaminaran los jueces. En este caso se trata de trabajar con grupos con los cuales hay que buscar sometimiento a la justicia, de manera que por ejemplo haya devolución de bienes robados, como tierras e inmuebles y dinero en efectivo, se acabe con activos que funcionan como lavaderos de dinero y se repare, así sea en parte, a las víctimas de las acciones ilícitas.
El más destacado resultado en este proceso de sometimiento, es por ahora el de Buenaventura, donde un pacto de tregua entre las bandas de los Shotas y los Espartanos, ha derivado en que en los últimos 90 días no haya habido muertos por homicidios, y se espera dar continuidad al mismo, contando con total apoyo de la Iglesia Católica y las autoridades locales, regionales y nacionales, que se traduzca en inversiones sociales que satisfagan las históricas aspiraciones de los habitantes del puerto.
El énfasis en los últimos dos casos referenciados, pues en el acuerdo con las FARC-EP el sistema de verdad, justicia y reparación ya está operando, es que también prime una concepción de justicia restaurativa, antes que, de acciones punitivas. La idea es cerrar definitivamente el circulo vicioso de enfrentar violencias con violencias, así tengan justificación legal y legitimidad ante la gente, y se abra un horizonte de enfrentar violencias con justicia en distintos ámbitos: social, y ambiental, especialmente.
