Se cumplen dos semanas del nuevo gobierno de Colombia, el gobierno de la esperanza en el cambio. El gobierno de la transición. La búsqueda de la paz total es el objetivo; ésta se puede alcanzar cuando toda la gente tenga cubiertas sus necesidades materiales básicas, los mecanismos de participación ciudadana en la conducción del Estado estén claros y fortalecidos, las relaciones entre los procesos de los movimientos de base con el Congreso y las instituciones del Estado bien definidas, los funcionarios estatales convencidos de su papel en la ejecución de las transformaciones y los habitantes del territorio colombiano conscientes de la necesidad de cambiar la violencia armada por los diálogos y la búsqueda de caminos de concertación. Es decir, se requiere un profundo cambio en todos y todas y en la sociedad en su conjunto. Eso es un cambio cultural que se debe estimular sin límites desde las instancias del Estado y los medios de comunicación. Los maestros, estudiantes, poetas, artistas, periodistas, creadores, constituyen “misiones de cambio cultural” que dialogan de manera permanente con los políticos y líderes locales, aprenden con ellos y ejercen su trabajo de crítica política, social y cultural que traza los senderos de una sociedad de paz, que tramita y no oculta sus diferencias mientras se reconstruye.
Los diálogos regionales vinculantes permiten recoger insumos para la construcción de una plataforma permanente de gobernanza territorial donde confluyen organizaciones sociales y comunitarias de todo tipo junto con los empresarios y gremios de la producción, para que todos contribuyan a la consolidación del gobierno del cambio. La primera gran experiencia de participación de todos los habitantes de Colombia en su propio gobierno se materializa en la construcción colectiva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tiene su base en el Programa de Gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Para este proceso de construcción colectiva de muy corta duración se desarrolla una metodología participativa basada en diálogos regionales puntuales convocados por el gobierno nacional, con estrategias organizativas que aseguren el carácter vinculante de los acuerdos logrados en los diálogos y su consecuente incorporación en el PND y en el Plan de Inversiones correspondiente.
Petro y Francia han aclarado que la búsqueda de la paz total se basa en la implementación de los diálogos regionales, una estrategia política para incentivar el poder popular y un mecanismo de solución de conflictos que rechaza las violencias y acoge formas de resolver las contradicciones, que toma en cuenta a las diferentes partes interesadas y busca acuerdos que se puedan cumplir por todos con la presencia garantista del Estado. Los diálogos son regionales porque reconocen que la diversidad es uno de los mayores activos del país. Tanto la diversidad territorial, física y ambiental, junto con la cual se ha construido la diversidad social, cultural, histórica y política. Región es un concepto operativo, que se transforma de acuerdo con aquello que lo define, de suerte que la definición y demarcación de las regiones depende de los problemas y las escalas que se enfrenten. En Colombia se reconocen cinco macro regiones (Pacífico, Caribe, Andes, Amazonas, Orinoquia) que, a su vez, se subdividen en muchas zonas ambientales y culturales, dentro de las cuales se manifiestan diferencias económicas, sociales y culturales que tienen sus propias historias, necesidades y sueños y enfrentan conflictos de diversa naturaleza cuya especificidad exige un tratamiento único, basado en el encuentro entre los agentes del conflicto acompañados por el Estado para buscar soluciones colectivas que se concretan en acuerdos. Entre estas regiones se reconocen áreas identificadas como espacios de procesos económicos y sociales particulares históricamente configurados, en las que también hay conflictos conocidos y sin solución aparente desde hace muchos años, las cuales se sobreponen a regiones geográficas, administrativas, culturales y políticas que requieren la generación inmediata de diálogos postergados. Una primera labor es la identificación y delimitación de las áreas para los diálogos regionales de corta duración y en la precisión del carácter y composición de los temas y de los actores que deben participar para no dejar a nadie atrás. Las comunidades y agentes involucrados también deben proponer al Estado la urgencia de iniciar sus procesos particulares, junto con un plan de desarrollo metodológico y un cronograma claro de cada proceso.
Los diálogos regionales, por tanto, constituyen un proceso de transformación política y cultural de largo plazo, que implica un aprendizaje permanente de los hombres y mujeres que viven en el territorio de Colombia para buscar las convergencias que faciliten los acuerdos y las acciones para vivir mejor. El poder popular es la capacidad de las comunidades locales, de los movimientos de base de la sociedad, para construir su propio programa de desarrollo y para lograr su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo; la complejidad de las relaciones de poder locales requiere de un ejercicio de humanidad, de reconocimiento de la existencia de todos los actores de la vida cotidiana local para buscar propuestas incluyentes y posibles. El factor más difícil en este propósito es la escasez de tiempo y la existencia de distintos tiempos en estos procesos tan diversos. Los tiempos de la democracia no corresponden a los tiempos de los negocios y, muchas veces, tampoco se emparejan con los tiempos de la política.
La construcción de una cultura de diálogo y la búsqueda constante de la paz requieren de políticas de Estado cuya continuidad ocurra en varios gobiernos consecutivos, pero los diálogos regionales tienen otros tiempos para otro tipo de acuerdos. Los diálogos con miembros de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos organizados de delincuencia armada como el Clan del Golfo y las decenas de otros grupos de diferente tamaño, capacidad operativa y alcance económico, armados y asentados en regiones del país bien conocidas, tienen una larga duración y un lento proceso de definiciones, tales como el alto al fuego, el carácter de los acuerdos y sus mecanismos de verificación, la inclusión de los avances logrados en las obligaciones contraídas en los diálogos de la Habana, las posibilidades y fuentes de financiación de los costos de la negociación y la inserción, entre tantos otros.
Es claro que los acuerdos producto de los diálogos se enmarcan en la Constitución Política de Colombia y en las leyes y normas vigentes. No obstante, es posible que los acuerdos demuestren la necesidad de realizar transformaciones o ajustes institucionales y normativos, en cuyo caso los procesos de transformación necesarios deben seguir las rutas legales establecidas para alcanzar las expresiones jurídicas consecuentes con las necesidades reconocidas por las partes. Por esta razón, estos procesos son de mediana duración, puesto que se adaptan a los tiempos propios del Congreso y de las Cortes. Los acuerdos regionales puntuales sobre temas específicos que van al Plan Nacional de Desarrollo se deben hacer de inmediato y, por tanto, son procesos de muy corta duración.
Los acuerdos surgidos de los diálogos tienen el carácter de vinculantes, lo que obliga al Estado y a las partes a su cumplimiento, dentro de los plazos y condiciones que deben acompañar cada uno de los acuerdos. Esto implica la necesidad de adecuar las instituciones del Estado (en particular el Departamento Nacional de Planeación, DNP) para que puedan ejercer una doble función de escucha –como intermediarias directas entre las comunidades de diálogo y el mismo Estado– y de búsqueda de caminos jurídicos, administrativos y financieros, para cumplir con los acuerdos.
Las comunidades rurales necesitan de la participación de los campesinos pobres y sus organizaciones (Juntas de Acción Comunal, Asociaciones campesinas, pescadores, mineros, empleados de agroindustrias), las comunidades étnicas que tienen experiencia en procesos de producción innovadores, los gremios con su saberes (Asociaciones de productores y distribuidores), los académicos y especialistas (Centros de Estudios y Think Tanks, o tanques de pensamiento) y con la consideración de las propuestas internacionales que encuentran en la agroecología modelos productivos apropiados para las necesidades del campo colombiano en una época de crisis de los insumos. Los contextos de compromisos asumidos con países latinoamericanos exigen un acento en la producción que cubra las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y un proceso de sustituciones gradual, producto de concertaciones con consumidores y productores y que consideren el objetivo de fortalecer la integración regional suramericana.
En el caso de las comunidades urbanas (habitantes de las ciudades, Juntas Administradoras Locales, Asociaciones de vecinos, gremios de productores y comerciantes, intelectuales, maestros, estudiantes, artistas y creadores, obreros, mujeres, grupos de estudio de sindicatos y organizaciones populares, grupos de trabajo de conjuntos y barrios), el respeto del Estado por la autonomía municipal requiere que los procesos de discusión y ajuste de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial generen metodologías y mecanismos institucionales que aseguren la participación ciudadana en los procesos de diseño y discusión de los documentos, en la adopción en el Concejo municipal y en la implementación de los acuerdos.
Los conflictos por el acceso y uso de la tierra en áreas rurales y urbanas, que se sobreponen al racismo, el clasismo, el patriarcalismo; la falta de acceso a los servicios públicos, al agua, la energía, la salud, la educación y la formación técnica; así como la negación de derechos como la movilidad, el acceso a los mercados y al progreso, la recreación y el desarrollo de la cultura, el ambiente sano y el disfrute del paisaje identitario, la disponibilidad de la internet y el acceso a las comunicaciones, constituyen el corazón de la mayor parte de los conflictos que se viven en Colombia. Comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, raizales, pescadores, trabajadores urbanos, pastores y curas, vendedores y comerciantes, empleados y funcionarios conviven (viven-con) con empresarios agrícolas, industriales y comerciantes, con ganaderos y hacendatarios, con intelectuales y maestros, artistas y creadores diversos, políticos y rebuscadores, industriales y comerciantes, empresarios y constructores. Todos ellos tienen el derecho a ser reconocidos como partes integrantes de los diálogos regionales en los que sus demandas y derechos deben ser respetados, a la vez que se integran en el objetivo de buscar el bien común. El gobierno necesita presentar un documento claro de los diálogos regionales y el Departamento Nacional de Planeación tiene la oportunidad de reconstruirse desde la perspectiva de la participación de la sociedad, el diálogo y la paz.
