Tres eventos se han vivido en estos últimos días en el país. Han implicado un reto para la estrategia de paz total, puesta en marcha por el gobierno de Gustavo Petro, en particular en lo atinente a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los reductos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ) )-EP).El gobierno ha dado fuerza al componente político de la paz total, así como en el fortalecimiento de la justicia social y ambiental, para lo cual se requiere una participación activa de los movimientos sociales y la definición de una participación de la institucionalidad, incluyendo en esta , por supuesto, a la fuerza pública, para que posibilite que las localidades y regiones fortalezcan su capacidad de actuar por sí mismas, aprovechando los mecanismos y recursos de la descentralización, actualmente disponibles.
El primero de estos eventos fue la movilización de los campesinos cocaleros al sur del país, que derivó en una asonada contra la fuerza pública, incluyendo la retención de unos setenta policías, y la muerte de un policía y dos campesinos. El motivo de esta movilización era que los campesinos reclamaban por el incumplimiento del acuerdo por parte del Estado, suscrito en el gobierno de Duque, mediante el cual se buscaba que se mejoraran las condiciones de vida de la población de esta vasta región del sur del país .
El segundo evento, fueron las acciones violentas auspiciadas por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, en respuesta a las acciones de la fuerza pública de minar dragas de las mineras ilegales de oro, la cual es una fuente de ingresos importantes de esta banda criminal. La violencia desatada por el Clan del Golfo se fue en contra de la ley de sometimiento a la justicia, radicada por el gobierno para generar paz con grupos de narcotráfico y economías ilegales, por lo que la respuesta fue suspender la tregua de la fuerza pública contra el clan, y definir una estrategia para la región, que incluye, entre otros medios, la protección de la minería artesanal e informal y la creación de un distrito minero y agropecuario,que coadyuve a que el nordeste antioqueño y parte del sur de Córdoba recuperen su vocación productiva y su aporte a la economía regional y nacional.
Por último, el tercer evento corresponde a la finalización del segundo ciclo de conversaciones con el ELN, en México, y el levantamiento de las órdenes de captura de los integrantes del Estado Mayor de las FARC-EP, en disidencia con el partido de los Comunes . Van a ser gestores de paz por parte de la Fiscalía General de la Nación, de manera que se prosiga una ruta de negociar favoreciendo al movimiento social y popular, que actúa en zonas de mayor conflicto armado, y de esta manera se dé solidez a las reformas y al Plan Nacional de Desarrollo (PND), puesto a consideración del congreso por parte del gobierno nacional.
Superar estos desafíos significa caminar hacia la consolidación de una seguridad humana, que, como manifestó la Asamblea General de la ONU realizada a cabo en septiembre de 2005, “implica garantizar que las personas dispongan de oportunidades iguales para disfrutar todos sus derechos, en especial a vivir con dignidad y en libertad de la pobreza y la desesperación para así desarrollar una plenitud su potencial humano”.
En la sentencia T-234 de 2012, la Corte Constitucional enfatizó que la seguridad de personas, grupos y comunidades es un “valor constitucional, derecho colectivo y fundamental, que se constituye en una garantía a ser preservada por el Estado”. En términos precisos, dicha sentencia alude a que “la complejidad de la labor que desarrolla los defensores de los derechos humanos, supone para los Estados en el marco de su protección, la incorporación de obligaciones positivas y negativas”. Las primeras, encaminadas a que las autoridades competentes actúen con diligencia para prevenir, investigar y sancionar toda violación de sus derechos, mientras que las segundas, aluden a que las actuaciones estatales deben realizar con la debida diligencia para evitar violar los derechos humanos.
Esta sentencia, de la Corte Constitucional, particulariza el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos, al afirmar que “la sola condición de mujer, las hace una población aún más vulnerable y como consecuencia de la sociedad patriarcal y la situación de violencia que han predominante en Colombia, han sido objeto de discriminación”. Es por ello, que las defensoras de derechos humanos gozan de protección reforzada, en razón a su derecho a vivir dignamente, libres de toda forma de discriminación y violencia.
Concretar esta concepción de seguridad, implica dar el salto de una concepción de seguridad centrada en el Estado a otra de una seguridad centrada en el ser humano, pues, en el primer caso, giraba en torno a mantener integridad territorial, estabilidad política, arreglos militares y de defensa, y las actividades económicas y financieras, relacionadas mediante el monopolio del Estado de los derechos y medios de proteger a los ciudadanos, con el fin de entronizar y sostener el orden y la paz.
En sentido contrario, la seguridad centrada en el ser humano consiste en “proteger, de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano”. Esta concepción “integra tres libertades: la libertad del miedo, la libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir con dignidad”.Lo central de esta concepción, es que “la seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y reconoce otras amenazas a los seres humanos”, que pueden afectar su sobrevivencia (abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud) o su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación).
Junto con esta concepción de seguridad, se define protección como el “deber del Estado colombiano de adoptar medidas especiales para las organizaciones y comunidades en los territorios que se encuentran en situación de riesgo con el fin de salvar sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad”. Se ha dado primacía a un enfoque de seguridad fundamental en protección armada de los líderes y líderes sociales, aunque, en buena parte del país, persisten críticas situaciones de violencia, subsisten déficits estructurales de institucionalidad, sobre todo en justicia y garantía de derechos colectivos, se mantienen fenómenos de estigmatización del liderazgo social, y hay múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades étnicas y campesinas y población LGBTI.
Hacer entonces realidad una concepción de seguridad humana, como la expuesta con anterioridad, implica seguir dos estrategias de acción: protección y empoderamiento. La primera es definida por la Comisión sobre Seguridad Humana como las estrategias para resguardar a las personas de las amenazas, implica establecer medidas de “arriba hacia abajo”, o descendentes, en reconocer que las personas enfrentan amenazas que no pueden controlar (por ejemplo, desastres naturales, crisis financieras, conflictos). Aunque en esta estrategia deben actuar los organismos internacionales, las ONG y el sector privado, son los Estados los principales responsables de proporcionar este tipo de protección.
A su vez, la estrategia de empoderamiento tiende a habilitar a las personas para “sobreponerse de las situaciones difíciles”. Implica establecer medidas de “abajo hacia arriba” o ascendentes, con el fin de desarrollar las capacidades en las personas y las comunidades, para que sean artífices de su propio destino. El empoderamiento, habilita a las personas a lograr el desarrollo de sus potencialidades, y les permite participar en el diseño y ejecución de las soluciones para su seguridad humana, y la de otras personas.
El empoderamiento, habilita a las personas a lograr el desarrollo de sus potencialidades, y
les permite participar en el diseño y ejecución de las soluciones para
su seguridad humana, y la de otras personas.
