La Comisión de la Verdad es una de las tres instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en virtud del acuerdo de paz de 2016. Desde que empezó a funcionar en 2018, la Comisión ha trabajado, a veces en circunstancias difíciles, para arrojar luz sobre cinco décadas de atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el país. El 28 de junio de 2022 la Comisión de la Verdad presentó su Informe Final, titulado Hay futuro, si hay verdad[1], mediante acto público celebrado en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Con su publicación, el trabajo desarrollado da voz a los derechos de millones de colombianos víctimas de la violencia: niños, mujeres y hombres que vivieron y lucharon incansablemente para ser escuchados, y para que se conozcan sus historias colectivas e individuales de sufrimiento y resistencia, y se reconozcan y restablezcan sus derechos.
[1] Visitar y consultar: https://www.comisiondelaverdad.co/
La revista Encuentros celebra este evento histórico para la nación, publicando de primera mano, y de su puño y letra, las palabras que ofreció Francisco de Roux (Cali, 1943), presidente de la entidad.
El llamado
Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias o del género.
Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio; de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales.
Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento de las muertes ha sido en combates.
Lo hacemos a partir de la pregunta que ha cuestionado a la humanidad desde los primeros tiempos: ¿en dónde está tu hermano? Y desde el reclamo perenne del misterio de justicia en la historia: la sangre de tu hermano clama sin descanso desde la tierra.
Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros desplazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés.
Llamamos a liberar nuestro mundo simbólico y cultural de las trampas del terror, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas. A sacar las armas del espacio venerable de lo público. A tomar distancia de los que meten fusiles en la política. A no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha social legitima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos.
Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos está atrapada en un «modo guerra» en el que no podemos concebir que los demás piensen distinto. Hasta hacerlos enemigos y posibilitar que algunos fueran convertidos en humo en las chimeneas del horno crematorio de Juan Frío; el que los soldados devinieran trofeos de caza para la guerrilla y encontráramos en bolsas de basura despojos de políticos abaleados; que nos acostumbráramos a las muertes suspendidas del secuestro y a recoger los cadáveres, diarios de líderes incómodos.
Llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas con sinceridad de corazón. Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades lejos de destruir su reputación la engrandecen, y de ser parte del problema, pasan a ser parte de la solución que necesitan las víctimas y ellos mismos.
Esta nación tiene la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir las condiciones que satisfagan la vida anhelada; tiene la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de dos océanos y miles de ríos, montañas y valles; la audacia de su juventud, el coraje de las mujeres y la fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y los Rrom. Al mismo tiempo, paradójicamente, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable: la inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales y largas del planeta.
Estamos convencidos de que hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos postergar el día en que «la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento».
¿Desde dónde hablamos?
Fuimos once los comisionados y comisionadas nombrados por el Comité de Escogencia que estableció el Acuerdo de Paz. Venimos del acompañamiento a comunidades y víctimas, y procesos sociales y culturales. Y debemos nuestro origen al coraje de estos grupos que forman el movimiento por la paz y la reconciliación.
Somos una de las tres entidades que forman el Sistema Integral para la Paz, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Somos una entidad de Estado autónoma de carácter constitucional que no depende de la Presidencia, el Congreso, ni el poder judicial.
Dedicados a esta causa murieron nuestros compañeros comisionados Alfredo Molano y Ángela Salazar. Alfredo que hasta su último día anduvo ríos, caminos y páramos en la pasión por los campesinos, y Ángela que gastó su fuerza y alegría al lado de las comunidades hasta que una noche del Urabá el cóvid la arrancó de su gente. Siguiendo el reglamento, elegimos a quienes tomaron el relevo de nuestros amigos. Dos meses antes de concluir el Informe Final un comisionado, Carlos Guillermo Ospina, decidió retirarse.
Lo que hicimos
Durante más de tres años hemos escuchado a más de 30 mil víctimas en testimonios individuales y encuentros colectivos en 28 lugares donde establecimos Casas de la Verdad, en resguardos y comunidades afrocolombianas, en kumpañys gitanos y entre los raizales, así como en el exilio en 24 países. Hemos recibido más de mil informes de la sociedad civil organizada. Hemos escuchado a todos los expresidentes vivos, a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y pastores, y nos hemos reunido muchas veces con las fuerzas militares con el liderazgo del general Javier Ayala, aquí presente, quien fue el comandante del comando conjunto de transición para contribuir a la verdad desde las distintas instancias de la fuerza pública. Hemos escuchado a comparecientes ante la JEP y tenidas reuniones y actos de reconocimiento con los excombatientes de las FARC-EP, los miembros del partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, los ex paramilitares del pacto de Rali y otros responsables que están en las cárceles.
La Corte Constitucional prolongó por siete meses más nuestra vigencia inicial de tres años, en respuesta a la solicitud de víctimas y organizaciones de derechos humanos, para poder recuperar el tiempo reducido por la pandemia.
La solidaridad internacional
Hemos tenido el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y todas sus agencias, del secretario general, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación y el Fondo Multidonantes; y recibido el soporte claro y discreto del papa Francisco, el apoyo eficaz de la Unión Europea y sus países miembros, además de Noruega, Suiza e Inglaterra; de Estados Unidos con USAID; de todos los países de América y de Japón. Hemos contado con más de doscientos aliados internacionales que incluyen agencias bilaterales, el International Center for Transitional Justice (ICTJ) y fundaciones privadas como Porticus, FORD, Open Society y Rockefeller, entre otras. En el encuentro con la comunidad internacional, que conoce de guerras, nos ha impresionado el aprecio que dan al proceso de paz de Colombia, como una de las noticias positivas en un mundo en conflicto, y como una de las negociaciones más serias entre un Estado y una insurgencia poderosa.
Constatamos la solidaridad con las víctimas y el apoyo al proceso de paz de la comunidad internacional frente a la indiferencia de grandes sectores de nuestra sociedad que parecen no tener conciencia del sufrimiento de millones de compatriotas por causa de la guerra.
Creemos que es posible
Aunque hay nuevas formas del conflicto armado, aunque hay zonas del país donde las comunidades consideran que ahora la inseguridad es peor, somos conscientes de que no estamos en los tiempos cuando las FARC-EP llegaron a controlar la iniciativa de la confrontación violenta y cuando el paramilitarismo, en el grado mayor del terror, alcanzó a ser una alternativa política a las puertas del poder. Tiempos en que las desapariciones y los secuestros se contaban por centenas, los desplazamientos por cientos de miles, y todas las camas del Hospital Militar estaban copadas por heridos de guerra.
Lo ganado con el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. El pueblo conoció en 2017, el año más tranquilo vivido en medio siglo, lo que significa la paz y no va a renunciar a ella. Y si bien los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se limitaron a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de la ONU, estos mismos y la elección al Congreso de las víctimas en las circunscripciones especiales de paz, y finalmente la elección de Gustavo Petro muestran que se ir más allá en la paz, «hasta que amemos la vida», como lo hemos cantado en los territorios.
El legado
Recibimos la misión de esclarecer en tres años y medio la verdad de este conflicto armado de más de seis décadas, dignificar a las víctimas, alcanzar el reconocimiento voluntario por parte de los responsables, favorecer la convivencia en los territorios y formular propuestas viables para la no repetición. Hicimos con decisión y en medio de presiones, oposiciones y riesgos, y del cóvid, lo que nos fue posible. Hoy, con esta declaración, los hallazgos y las recomendaciones, iniciamos el proceso de entrega del Informe Final que a la fecha hemos concluido.
Con la entrega, legamos también un Archivo de Derechos Humanos y nuestro Sistema de Información Misional –que contiene el compilado de toda nuestra investigación con los instrumentos tecnológicos para seguir produciendo conocimiento hacia la paz–, así como la Transmedia Digital, accesible en computadores y celulares desde cualquier parte, y en la que quedan el Informe Final, las recomendaciones de la Comisión, narrativas audiovisuales y productos pedagógicos construidos en el cumplimiento de nuestra misión.
Entregamos este legado de verdad a la sociedad colombiana, a la JEP, a la UBPD y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y lo ponemos en manos de más de 3000 organizaciones e instituciones aliadas. Tenemos confianza en que el presidente elegido, Gustavo Petro, y la unidad social y política que él ha convocado, así como las altas cortes, tomarán el Informe Final y sus recomendaciones e impulsarán el diálogo democrático e institucional para desarrollar los cambios necesarios. Queda en marcha el Comité de Seguimiento y Monitoreo sobre las recomendaciones, formado por siete personas, la mayoría mujeres, elegido por nosotros mismos en cumplimiento del Decreto 588 de 2017 y del reglamento de la Comisión.
El acontecimiento de la verdad
Junto con la JEP, la UBPD y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Comisión, en miles de actos de diálogo social y presencia pública, ha contribuido a hacer de la verdad un derecho público y un acontecimiento dentro y fuera del país.
Esto se constata en la disposición de las víctimas que llegaron por miles a la Comisión, superando el miedo que aún se vive en algunos territorios; en las palabras de aceptación de los responsables en actos de reconocimiento; en la generosidad de pueblos que tras escucharlos acogieron a victimarios; en los documentos entregados por centenares de grupos; en las instituciones y empresas que aportaron su visión sobre el conflicto. Muestras del acontecimiento son también los cuestionamientos, tergiversaciones y fake news, así como el negacionismo, las mentiras, los ataques y las estigmatizaciones contra miembros de la Comisión.
Esclarecer la verdad
La escucha de las víctimas nos ha sacudido brutalmente: Ante las kilométricas filas de niños y niñas llevados a la guerra; la procesión interminable de buscadoras de compañeros e hijos desaparecidos; la multitud de jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales; las fosas comunes y cadáveres de muchachos y muchachas rurales desperdigados en las montañas, muchos de ellos indígenas y afros que fueron llevados como guerrilleros o paramilitares o como soldados y murieron sin saber por quién peleaban; las miles de mujeres abusadas y humilladas; los poblados masacrados y abandonados; resguardos indígenas y comunidades negras devastadas y en confinamiento; millones de hogares desplazados que abandonaron parcelas y ranchos; los miles de soldados, policías, exguerrilleros y exparamilitares que deambulan cojos, mancos y ciegos por los explosivos… y pudiéramos seguir… pero déjenme detenerme por ahora compartiendo preguntas que nos hemos hecho:
¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon la consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía, y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu lo líderes religiosos? Y, aparte de los pastores y mujeres de fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros obispos y sacerdotes, y comunidades religiosas y ministros? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?
Bogotá, Teatro Colón
28 de junio de 2022
