Al triunfar en las elecciones presidenciales de 1986, el candidato del liberalismo oficialista Virgilio Barco dijo que Colombia había vuelto, por fin, después de 28 años, a un esquema de gobierno-oposición necesario para consolidar la democracia en el país, pues esta había sido afectada por veinticuatro años de alternancia obligatoria de los dos partidos tradicionales y por cuatro años del gobierno de Belisario Betancur, que había ganado a nombre de un Movimiento Nacional, respaldado, entre otros sectores políticos, por la Alianza Nacional Popular, ANAPO.
Estas palabras de Barco, soslayaban que el Frente Nacional fue acordado por las élites políticas y económicas del país para imponer un gobierno de partido único en el que la oposición quedaría sujeta a un permanente régimen de estado de sitio y los cargos de la administración pública serían distribuidos de manera milimétrica, entre liberales y conservadores, y la inversión pública quedaba sujeta a los intereses del gran capital financiero e industrial y a los terratenientes del campo.
Pero también el discurso de Barco dejaba de lado que el Frente Nacional tuvo como opositores, de una parte, a conservadores proclives al fascismo liderados por Gilberto Alzate Avendaño y Álvaro Gómez, y de otra, al Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, y que excluyó al partido comunista y otras fuerzas de izquierda y a sectores sociales como el campesinado, los indígenas, los estudiantes, los obreros, que coincidían, entre otros reclamos, en la necesidad de una reforma agraria y garantizar derechos económicos, políticos y sociales, como parte de los derechos fundamentales reconocidos por las Naciones Unidas desde 1945.
El cuestionamiento del acuerdo de Frente Nacional desde sectores tradicionales amigos de un Estado totalitario y la exclusión de fuerzas sociales y políticas proclives a reformas al andamiaje constitucional erigido desde 1886, dio pie para el surgimiento de una oposición insurgente en cabeza de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y años más tarde el Movimiento 19 de Abril (M-19) y otros grupos menores como la Autodefensa Obrera (ADO), el movimiento indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
No obstante, la oficialización de un esquema gobierno-oposición y la creciente violencia en campos y ciudades, mucha de esta como respuesta a legítimos reclamos populares, posibilitó que en el inicio de los años noventa se convocara a una Asamblea Constituyente que formulara una nueva Constitución, la cual consignó, entre muchas medidas favorables a la democracia en el país, la aprobación de una reforma política que incluyera un estatuto para el ejercicio de la oposición.
Tuvieron que pasar varios años hasta llegar a la aprobación de la ley 1909 de 2018, en la que se establecieron principios y mecanismos para el ejercicio de la oposición política y social, la cual fue estrenada en las elecciones de ese año, que culminaron con el cuestionado triunfo de Iván Duque, quien, entre otras acciones, empezó desconociendo por completo la oposición, en sus intentos por hacer trizas la paz y sostener un gobierno de seguridad democrática similar al de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, cuando la violencia alcanzó en Colombia topes históricos.
Con el triunfo de Gustavo Petro, apoyado por una coalición denominada Pacto Histórico y el reforzamiento de un acuerdo nacional que dé gobernabilidad a su mandato, se abre un nuevo capítulo en la historia por consolidar una democracia en la que convivan un gobierno y una oposición, pues, de un lado, existen mayorías parlamentarias favorables al gobierno, pero subsisten sectores que, antes que hacer oposición, siguen una línea de confrontación y llamamientos al desconocimiento del gobierno e incluso a dar un golpe de Estado.
El reto es, entre otros, sentar las bases para la transición a un modelo económico productivo que desplace al viejo modelo extractivista y neoliberal, posibilite una creciente justicia social que implique la garantía plena de derechos al conjunto de la población, disminuya sensiblemente las brechas sociales y territoriales, genere inclusión y movilidad social y contribuya a reducir los negativos efectos del cambio climático.
Las mayorías parlamentarias están ante el reto de sacar adelante reformas claves como la reforma tributaria, la reforma política, la reforma electoral, la reforma a la salud y a la educación, y leyes reglamentarias que den apoyo al proceso de paz iniciado en 2012 –interrumpido en el cuatrienio de Duque–, reformas que se inscriben en un periodo de inflación creciente, déficit fiscal elevado, alto endeudamiento y recortes presupuestales al gasto social.
El reto es, entre otros, sentar las bases para la transición a un modelo económico productivo que desplace al viejo modelo extractivista y neoliberal, posibilite una creciente justicia social que implique la garantía plena de derechos al conjunto de la población, disminuya sensiblemente las brechas sociales y territoriales, genere inclusión y movilidad social y contribuya a reducir los negativos efectos del cambio climático.
Ante estas urgentes reformas, el gobierno definió, por ejemplo, que la destinación de los recursos que se recauden por la reforma tributaria, que no deben ser de menos de 25 billones, deben estar orientados a infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias, compra de tierra, agua potable y pago de deuda. Además, el gobierno ha solicitado al congreso una adición al presupuesto nacional de 2023 por 14 billones que permitan cubrir los requerimientos sociales inmediatos, como la atención del hambre de millones de colombianos.
Pero quienes se han declarado oficialmente en oposición, en especial el Centro Democrático, argumentan que la reforma tributaria promovida por el gobierno de Petro empobrecerá a la población, pues afecta el consumo popular de alimentos y bebidas y ataca la inversión empresarial, lo cual redundará en más desempleo y pérdida del valor del salario real; que las acciones contra el Ejército y la Policía han quitado capacidad de acción a la fuerza pública y, por ende, facilitan el crecimiento de la inseguridad; que la suspensión de la erradicación con glifosato de cultivos con fines ilícitos, coadyuva al incremento de estos cultivos y que, como escribió Vargas Lleras para El Tiempo el pasado 11 de septiembre de 2022, el gobierno no está actuando en debida forma frente a las invasiones de predios en varios lugares del país, en especial por parte de indígenas que desde hace años reclaman tierras y territorios ancestrales.
Al momento de escribir estas notas, la oposición agregaba dos hechos más en su llamado a la nación a enfrentar al gobierno del Pacto Histórico: el anuncio del gobierno de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para abaratar las tarifas del servicio de energía y de incrementar gradualmente los precios de la gasolina, dado el represamiento en el ajuste a los mismos que efectuó el gobierno de Duque.
Estos banales argumentos son reproducidos a diario en buena parte de los grandes medios de comunicación, que han llegado al punto de decir que la reforma tributaria coarta libertades al consumo popular y afecta la canasta familiar y la economía de miles de tenderos, olvidando que en el mundo se han ido abriendo campo tesis favorables a los llamados impuestos saludables y a la lucha contra los nocivos efectos del cambio climático.
El exsenador Ernesto Macías, del Centro Democrático, es quizás quien resume de mejor manera la postura general de la oposición al gobierno del Pacto Histórico, cuando invita a las reservas de las Fuerzas Armadas a defender la democracia, tal como en su momento lo hizo el general Augusto Pinochet, después de haber jurado lealtad al gobierno popular y democrático de Salvador Allende.
Así mismo, el ministro del interior Alfonso Prada y el mismo presidente Petro han hecho un buen resumen de la actitud que hay que tener ante estos llamados al golpe militar: el primero convocó a la población a defender en las calles las reformas propuestas por el gobierno y el presidente invitó a hacer pedagogía de las reformas y del significado del cambio.
