Artículo tomado de Razón Pública (9 de octubre de 2022), por autorización del autor.
La reforma política que comenzó a debatirse es una de las propuestas más ambiciosas del nuevo gobierno y podría definir el curso político del siguiente periodo. ¿Cuáles son sus antecedentes, contenidos y riesgos que enfrenta?
Los antecedentes
El gobierno nacional empezó a debatir la posibilidad de hacer una gran reforma política, con el fin de democratizar el estado y mejorar la legitimidad política. Con ese propósito, el proyecto busca fortalecer el pluralismo, cumplir con los acuerdos de paz de 2016 y avanzar en la construcción de la “paz total”.
Antes de entrar en detalles sobre la reforma, es necesario identificar sus razones. Hay tres motivos claves que impulsan la búsqueda de cambio. En primer lugar, por el rechazo a la corrupción inmersa durante la primera vuelta presidencial. Por otro lado, fue propuesta para cumplir los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC-EP, pues en ellos se fijaron sus contenidos generales. Y, finalmente, por el estallido social que reunió a miles de jóvenes en las calles colombianas.
Estos antecedentes explican los cuatro proyectos presentados al congreso: uno del presidente del Senado, Roy Barreras, otro del Partido Comunes, el tercero de la senadora María José Pizarro, y el último por iniciativa del gobierno.
El 20 de septiembre de 2022, en la Comisión Primera de Senado y con el consenso de todos los partidos políticos, se aprobó en primer debate el proyecto de Acto Legislativo de la Reforma Política que pretende erradicar la corrupción en la política electoral. Foto: Twitter Alfonso Prada, vía Radio Nacional de Colombia.
La iniciativa del gobierno
Expuestos los antecedentes, es necesario examinar el proyecto que propone el gobierno. Para este, es necesario cambiar ocho aspectos para mejor la política del país:
- Suprimir la potestad sancionatoria de la procuraduría sobre servidores públicos de elección popular.
- Facilitar la creación y reconocimiento jurídico de nuevos partidos, sin el umbral electoral del 3 % actual y con una base de afiliados del 0.2 % del censo electoral –alrededor de 80 000–, junto a nuevas reglas para otorgar avales a nivel territorial.
- Promover la participación de los jóvenes mediante la disminución de la edad, para ser elegidos en el congreso de 30 a 25 años y en la cámara de 25 a 18 años.
- Adoptar un sistema de financiación de las campañas “exclusivamente estatal”.
- Limitar la reelección de cada asociación pública a no más de dos períodos.
- Establecer que todos los partidos y movimientos políticos deben inscribir listas únicas, cerradas y bloqueadas, con paridad de género, para las agrupaciones de elección popular.
- Obligar a utilizar mecanismos de democracia interna para escoger candidatos y designar directivos.
- Permitir que los partidos minoritarios que participen de una coalición y que logren la elección de sus candidatos, soliciten de forma voluntaria la fusión de todos o parte de ellos, para obtener una sola personería jurídica.
Las propuestas tienen antecedentes concretos que explican su procedencia y necesidad. Casos, por ejemplo, como la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de Petro o la necesidad de abrir caminos y superar el déficit participativo de los jóvenes en el sistema político.
En cuanto a la propuesta que crea nuevas reglas para la obtención de personería jurídica a los partidos es menos sólida. Esta idea, contemplada en los acuerdos de paz y en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, no parece ser adecuada para la realidad partidista actual.
Hasta ahora, el trámite del proyecto muestra que, a pesar de su retroceso en las elecciones de marzo, la política tradicional y el clientelismo serán determinantes en la definición de sus contenidos.
En primer lugar, porque desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgaron seis nuevas personerías jurídicas sin el cumplimiento del umbral del 3 %. Y porque actualmente existen 25 partidos reconocidos, 18 de los cuales alcanzaron la personería a través de coaliciones.
Un sistema electoral con ese número de partidos, de distinto espectro ideológico, no parece excluyente ni contrario al pluralismo.
Un paso adelante, dos pasos atrás
Sin embargo, los cuatro proyectos fueron acumulados y se propuso una nueva versión que introdujo varios cambios e incorporó algunas propuestas. Con la adición, los cambios más relevantes fueron los siguientes:
- Devolver a la Procuraduría la facultad para destituir o suspender funcionarios de elección popular.
- Suprimir el régimen de adquisición progresiva de derechos para las agrupaciones políticas.
- Establecer la obligación de los partidos de organizarse democráticamente y garantizar la paridad de género. No sólo en la confección de las listas, sino en sus cuadros directivos.
- Sólo otorgar aval a quien tenga una militancia mínima de seis meses en la organización política. Control necesario para evitar la captura y compra-venta de avales de último momento.
- Mantener las “listas únicas, cerradas y bloqueadas”, la columna vertebral de la reforma, como fórmula electoral.
- Estipular que los partidos tendrán un año a partir de la vigencia de la reforma para establecer los mecanismos democráticos de elección de candidatos y directivos. Sin este requisito, no podrán postular candidatos.
- Desarrollar la regla de la paridad de género, alternancia y universalidad para la elaboración de las listas.
- Fijar un régimen de financiación de las campañas principalmente estatal, y aportes privados que irán al Fondo de Financiación de Campañas, a cargo del Consejo Nacional Electoral. E indicar que los proveedores financieros de campañas de los partidos podrán señalar libremente la destinación específica de esos recursos y, en ningún caso, la financiación podrá destinarse exclusivamente a un solo candidato.
- Establecer por dos períodos el sistema de voto obligatorio para fortalecer la cultura ciudadana.
- En cuanto a las coaliciones, dispone que, para las elecciones a congreso, las agrupaciones que alcancen el umbral obtendrán el reconocimiento de una sola personería jurídica, si así lo solicitan.
El trámite del proyecto y el texto que pasó a consideración de la plenaria del Senado, muestra que, a pesar de su retroceso en las elecciones de marzo, la política tradicional y el clientelismo serán determinantes en la definición de sus contenidos. Foto: Radio Nacional de Colombia.
El poder de la política tradicional y la resistencia al cambio
Hasta ahora, el trámite del proyecto muestra que, a pesar de su retroceso en las elecciones de marzo, la política tradicional y el clientelismo serán determinantes en la definición de sus contenidos.
El proyecto que irá a la plenaria mantiene la capacidad de sanción de la Procuraduría, y la obligación de los partidos de acudir a procesos democráticos para escoger los candidatos de las listas únicas, cerradas y bloqueadas.
No se contempla cómo se financiarán las campañas en las consultas u otros mecanismos para escoger los candidatos y, en contravía de su propósito inicial, promueve que la restricción a la relección de congresistas pase de dos a cuatro períodos.
La nueva realidad política vista a través de la reforma
La reforma se caracteriza porque sus principales cambios, la lista cerrada, la paridad y el voto obligatorio, sólo regirán por dos períodos. En el caso de la paridad, tendrá fuerza vinculante dentro de ocho años, a partir de 2030, pero con un carácter transitorio. Sin embargo, el proyecto no cuenta con unas reglas que permitan establecer qué ocurrirá al vencer el tiempo de la transición.
Desde una perspectiva más general, las iniciativas proponen un cambio que apunta, al comienzo, a fortalecer el sistema de partidos y contrarrestar el clientelismo, la corrupción de las campañas y la falta de identidad política que expresa, sobre todo, el voto preferente.
Medidas como la participación de los jóvenes y el voto obligatorio, pueden ayudar a obtener un nuevo ciclo político más positivo y de más largo aliento.
Claramente, en esta, como en cualquier otra reforma política o electoral, los cambios no serán neutrales, expresarán intereses particulares de los partidos y específicas relaciones de fuerza política.
Hay que mencionar finalmente que la dirección del trámite de la reforma está en manos de un político diestro, como lo es el presidente del Senado, que sabe navegar en las aguas cruzadas del cambio y el clientelismo tradicional.
En resumen, los cambios introducidos en el primer debate en el congreso pueden llevar a la desnaturalización de aspectos vertebrales de la reforma. Estamos ante la realidad de una coalición política en la que convive el propósito de una necesaria reforma democrática y las resistencias del clientelismo político. Sin la reforma, será difícil cumplir la promesa de cambio defendida desde la presidencia de la república.
Todavía quedan siete debates por delante que mostrarán si es posible avanzar en el cambio institucional para que mejore la calidad de la política y, de esta manera, se avance en el propósito de garantizar un voto igualitario, libre y secreto, como lo promete el proyecto.
